11/11/2014
"La
atención sanitaria en las cárceles se está yendo al traste"
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La Sociedad Española de Sanidad
Penitenciaria denuncia que el sistema dependiente de Interior tiene cada vez
más carencias: el 99% de sus 312 profesionales son de medicina familiar
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Un 40% de los reos sufre algún tipo de
trastorno mental, la enfermedad más prevalente; el 22% tiene hepatitis C y el
6%, VIH
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Los médicos de las cárceles reclaman más
personal y la integración en los sistemas de salud autonómicos, sólo existente
en Euskadi y Cataluña
Hace
unas semanas llegó un nuevo preso a la cárcel Sevilla I, en Mairena del Alcor.
Decía sufrir tuberculosis. También explicó que había dejado la medicación 15
días antes, aunque no aclaró si por prescripción médica o por decisión propia.
Ante la incertidumbre, los médicos de la prisión le pusieron en aislamiento
respiratorio preventivo y contactaron con el centro y con el sanitario que le
había tratado en libertad. Fue la única forma de no correr riesgos de contagio.
El
episodio muestra las dificultades por las que pasan los 312 médicos que
trabajan en las cárceles españolas, relata Antonio López Burgos, uno de los
doctores de la prisión sevillana y hasta hace unos días, presidente de la
Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). Para estos profesionales, la
solución está muy clara: "Hay que conectar los servicios sanitarios de las
cárceles con los sistemas de salud autonómicos".
A
excepción de Cataluña, con competencias propias, las prisiones –incluidas sus
enfermerías y profesionales sanitarios– dependen de Instituciones
Penitenciarias, del Ministerio del Interior. La organización del sistema se
enmaraña si tenemos en cuenta que la atención sanitaria que se ofrece en las
prisiones es básica: el 99% de sus médicos son de medicina familiar.
Por
tanto, si el reo necesita atención especializada, hay dos opciones. En algunos
casos, la cárcel contrata a un profesional que pasa consulta periódicamente
entre rejas, algo "no operativo, insuficiente", según López Burgos.
Así, con más frecuencia de la deseable, los presos con situaciones más complejas
deben salir de la cárcel para ser atendidos por el especialista, con el
dispositivo de seguridad y el trastorno que ello comporta a los hospitales y a
los propios presos.
Hace
tres años, Euskadi asumió la gestión de la sanidad en las cárceles de su
territorio y la integró en su sistema de salud, Osakidetza. Catalunya ha hecho
lo mismo. En el resto de España, la atención sanitaria en las cárceles sigue
estando aislada. Ya han pasado 11 años desde que la Ley de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud diera un plazo de 18 meses para que las
autonomías integraran en sus sistemas de salud la atención a los presos, pero
la disputa por quién asume determinados gastos de la integración bloquea el
traspaso de competencias.
"Tenemos
la sensación no solo de que estamos parados sino que se está yendo al traste. A
raíz de la crisis, la actual Administración resuelve a base de recortes.
Tenemos problemas con la atención a la salud mental, pero no es contagioso,
entonces no preocupa, porque tenemos menos incidencia de VIH y hepatitis C que
décadas atrás. Así, como hemos dejado de ser un problema de salud ambiental
comunitaria, estamos en un continuo invierno", denuncia López Burgos.
De
los cerca de 70.000 reclusos que hay en las cárceles, el 22,4% tiene hepatitis
C y el 6,3%, VIH. Los trastornos mentales son la patología más frecuente: la
padece el 40% de los presos. La incidencia de estas enfermedades es muy
superior entre rejas que en libertad.
Falta de coordinación
"La
atención es deficiente", coincide Marcelino López, miembro de la
Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN). "Hay poca coordinación
entre la sanidad de prisiones y los servicios de salud mental de las
comunidades autónomas", explica. Además de psiquiatra, López es sociólogo
de Faisén, una fundación de la Junta de Andalucía que vela por la integración
social de las personas con enfermedad mental. "Necesitamos buscar
estructuras que permitan dar salida a las necesidades de control social y de
asistencia sanitaria de los presos", insiste.
Como
destaca la SESP, integrar ambos sistemas supondría que los médicos de las
prisiones tendrían acceso al historial médico y se acabaría con la dinámica de
tener que preguntar al reo qué pastillas toma, contar con que su familia conoce
los detalles y así lo comunica en la prisión y, en última instancia, enterarse
de a qué centro u hospital acudía y qué profesional llevaba su historia
clínica. "Es importante que no se rompa la continuidad asistencial al
paciente", insiste López Burgos, que recuerda que la prisión es un sitio
de paso. "La gente vuelve a salir a la calle, formamos parte de una
comunidad", defiende.
La
experiencia en Euskadi, aunque relativamente reciente, ya ha demostrado otras
mejoras, tal y como se expuso en el X Congreso nacional de la SESP, celebrado
hace dos semanas en Barcelona. Se han reducido las salidas de los reos y en el
caso de que haya sido necesario, se han podido establecer teleconferencias con
los hospitales para coordinar las agendas. Del mismo modo, se han aplicado los
mismos protocolos de atención al paciente dentro de las tres cárceles vascas,
como el control de la tensión, de la diabetes etc. A todo esto hay que añadir
que los médicos de las prisiones de Euskadi acceden a los resultados de las
analíticas vía on line.
"En
el resto de España, los recibimos por correo o por fax y muchas veces se
pierden los resultados", denuncia López Burgos. Dentro de las prisiones no
hay conexión a internet. Hay ordenadores pero solo intranet, por motivos de
seguridad, explica.
Mejoras en la atención psicosocial
Alicia
Abad, psicóloga de la ONG Intress, sí ve avances en la atención a la salud
mental de los presos. "El punto de vista de un sanitario no es el mismo
que el psicosocial; nosotros sí hemos vivido avances", explica. Abad lleva
más de una década trabajando con presos gracias a convenios entre Instituciones
Penitenciarias y la entidad para la que trabaja. De hecho, formó parte del
programa en la cárcel de Navalcarnero (Madrid) que en 2007 obtuvo un
reconocimiento de la OMS como buena práctica.
Abad
explica que, más allá del tratamiento farmacológico y el seguimiento médico de
los presos, en las cárceles se trabaja la parte psicosocial. Es decir, se les
ayuda a recuperar su autoestima, a saberse autocuidar, a disfrutar de su tiempo
libre y de su ocio. Y en este sentido, Abad explica que sí se han dado pasos.
En 2009, tomando como modelo su programa de trabajo, se creó el conocido como
PAIEM, un programa marco de atención a presos con enfermedad mental que
estableció protocolos y grupos de trabajo multidisciplinares: al menos un
médico, un psicólogo, una trabajadora social y un educador de prisiones.
El
programa ya se aplica, en mayor o menor grado, en las 68 cárceles dependientes
de Interior. "Ha supuesto un avance tremendo, porque implica que aparte
del seguimiento sanitario, la persona tenga una evaluación y un tratamiento
psicosocial", insiste. Los resultados "se notan", asegura. Los
reos participan en talleres, cursos e iniciativas que les hacen prepararse para
rehacer su vida cuando recobren la libertad.
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