miércoles, 28 de diciembre de 2016

EL MINISTRO DEL INTERIOR ANUNCIA UNA REFORMA GLOBAL DE LA LEGISLACION PENITENCIARIA

EL MINISTRO DEL INTERIOR ANUNCIA UNA REFORMA GLOBAL DE LA LEGISLACION PENITENCIARIA


El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha abogado este miércoles por la reforma de la Ley General Penitenciaria y de su Reglamento para, entre otras cuestiones, proteger a los funcionarios de prisiones de las agresiones que sufren por parte de los internos.
Esta es una de las prioridades enumeradas por Zoido en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, para explicar las líneas generales de su departamento en esta legislatura. Y entre sus objetivos, Zoido ha creído necesario actualizar la ley penitenciaria, la primera que desarrolló la Constitución de 1978 y aprobada por amplio consenso (solo tuvo dos abstenciones).
Como ejemplo de la necesidad de esa actualización, Zoido ha citado la distinta regulación de la libertad condicional en el Código Penal y en la ley penitenciaria, lo que impide una aplicación homogénea de esa figura y provoca "desajustes". Para regular con "rango de ley" las infracciones disciplinarias y las sanciones a imponer a los internos, es necesario, a juicio de Zoido, un reglamento penitenciario nuevo.
También, ha añadido el ministro, es necesario introducir medidas destinadas a incrementar la protección de los funcionarios de prisiones frente a eventuales agresiones por parte de los internos. Con ello, se daría respuesta a una proposición no de ley que avalaron en el Congreso los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos.
En estas reformas en el ámbito de prisiones, el titular de Interior ha resaltado la necesidad de dar rango de ley al régimen flexible del cumplimiento de las penas o al control telemático de los reclusos en tercer grado o régimen abierto, siempre contando con la opinión de los actores implicados, como los jueces de Vigilancia Penitenciaria o la comunidad catalana, la única que tiene transferida la competencia en prisiones.
Zoido cree imprescindible también acordar el comienzo del proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria al sistema nacional de salud, lo que mejoraría la calidad asistencial de los internos.