Los funcionarios del Estado cobrarán una paga extra en julio con la
mitad de la subida salarial del 1%
Hacienda y los sindicatos firmarán este
miércoles el acuerdo para la convocatoria de más de 250.000 plazas de
funcionarios en tres años
El
salario de los más de 2,5 millones de funcionarios, interinos, eventuales y
personal laboral de la Administración del Estado, comunidades autónomas,
Ayuntamientos y Diputaciones subirá un 1% en 2017. El aumento tendrá carácter
retroactivo. Es decir, comenzará a contar desde enero. Los trabajadores de la
Administración central del Estado percibirán previsiblemente una paga extra en
julio con la cantidad correspondiente a la subida entre enero y junio. No
obstante, los detalles se conocerá hoy tras la negociación que mantendrán
Hacienda y los sindicatos en el ámbito de la Mesa de negociación de la función
pública.
Los empleados públicos del resto de administraciones quedarán a
expensa de los acuerdos territoriales que alcancen con sus respectivas
comunidades autónomas o Ayuntamientos. En cualquier caso, percibirán el aumento
salarial mediante una de las dos fórmulas: podrán cobrar la subida anual
prorrateada entre los seis meses entre julio y diciembre o podrán ingresarla con
una extra como los trabajadores de los ministerios. La decisión final la
tomarán cada una de las administraciones.
La
subida del 1% supondrá un aumento medio de unos 340 euros al año. El salario
medio de un empleado público asciende a 33.933 euros al año, según la última
estadística de la Agencia Tributaria, con datos de todas las declaraciones del
IRPF. La paga extra que recibirán en julio los funcionarios de la
Administración central para compensar el alza entre enero y junio será unos 170
euros de promedio.
El aumento de las retribuciones a los funcionarios es solo uno
de los puntos del pacto que se espera que mañana firmen el Ministerio de
Hacienda y los sindicatos representantivos de los empleados públicos (CSIF, UGT
y CC OO). En el acuerdo también se incluirá una convocatoria de empleo público
de unas 250.000 plazas en tres años. En este histórico plan también están
involucrados comunidades autónomas y Ayuntamientos. El objetivo consiste en
reducir la tasa de temporalidad, del 20% en el sector, y permitir la conversión
de trabajadores interinos en fijos. Así, además, se podrá cumplir con la
sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TJUE) que igualaba las condiciones
de despido de los trabajadores interinos y fijos.
"El objetivo consiste en reducir la temporalidad un 90% en
tres años", explican desde CSIF, el sindicato mayoritario de la
Administración General del Estado. Con este plan todas la plazas que lleven más
de tres años ocupadas por trabajadores temporales saldrán a concurso. La idea
es que se tenga en cuenta y se valore en la oposición el tiempo que un
trabajador ha estado al servicio de una administración pública. Para Sanidad se
espera que se convoquen 129.700 plazas en los próximos tres años, otras 98.807
puestos fijos en educación y 8.654 plazas para justicia. También están
previstas convocatorias para servicios sociales y otros sectores públicos.
El
coste inicial de esta convocatoria será reducido porque consistirá basicamente
en sustituir el sueldo de los interinos por el de fijos.
Acuerdo
histórico
Desde CSIF celebran la convocatoria "histórica" pero
rechazan la subida del 1% a los funcionarios que se prevé aprobar "sin
margen de negociación". Desde el sindicato presidido por Miguel Borra
reclaman un plan plurianual para recuperar, al menos, el 5% de la bajada que
sufrieron los funcionarios en 2010.
UGT también considera el acuerdo como "histórico"
porque podrá reducirse la precariedad del empleo público. De este sindicato
calculan que las plazas que saldrán a oposición ascienden a 350.000 porque
suman a las 250.000 puestos que saldrán a concurso para convertir interinos en
fijos otros 100.000 por los funcionarios que se jubilen en los próximos tres
años, aunque ese cálculo es orientativo. El acuerdo "rectifica la política
de recursos humanos del gobierno y pone orden a la caótica situación provocada
por años de recortes", señala UGT en un comunicado. Por su parte, CC OO
considera que el acuerdo de estabilización del empleo es satisfactorio pero
insuficiente. Desde el sindicato precisan que este acuerdo se alcanza tras una
intensa negociación, algo que no se había producido en los últimos siete años.
E insisten en que es inasumible la propuesta de retribución y otras cuestiones
laborales. Los sindicatos reclamaban una subida salarial de, al menos, un 1,2%
en línea con la inflación.
TASA
DE REPOSICIÓN DEL 100%
Otro de los
logros del acuerdo que firmarán hoy los sindicatos y el Ministerio de Hacienda
es el aumento de la tasa de reposición —el porcentaje de plazas sustituidas por
cada jubilación— al 100% para más sectores de la administración pública.
En los últimos años, la
tasa de reposición estaba limitada al 50% para la mayoría de servicios
públicos, excepto para sanidad, educación y fuerzas y cuerpos de seguridad. En
el resto de servicios, sobre todo administrativos, solo se reemplazaba un
puesto por cada dos jubilaciones.
Los sindicatos y el
Ejecutivo han acordado ampliar la tasa de reposición para otros empleos que
estén de cara al público, como los trabajadores de las oficinas del DNI, la Seguridad
Social, la Dirección General de Tráfico...
La medida no supondrá un
coste muy elevado para las administraciones públicas, pues los jubilados que
causan baja tienen trienios y otros complementos que las nuevas incorporaciones
no tienen.
