lunes, 29 de diciembre de 2014

El número de funcionarios retrocede

El País.com                              29/12/2014

El número de funcionarios retrocede un 6% desde 2012

Las Administraciones Públicas cierran julio de 2014 con 2.522.631 empleados


La plantilla de empleados públicos del conjunto de las Administraciones Públicas se ha reducido un 6,1% durante la legislatura, según el último Boletín estadístico de personal elaborado por el Ministerio de Hacienda correspondiente a julio de 2014.
En enero de 2012 las administraciones públicas contaban con 2.685.837 trabajadores públicos entre funcionarios, personal laboral o eventual. Tres años y medio después la plantilla había menguado en 163.206 efectivos mermada por los sucesivos recortes en todas las administraciones.
El Estado es el que más ha reducido su plantilla en términos relativos durante la legislatura, un 7,1% hasta bajarla a 540.462 empleados públicos. Las entidades locales (Ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades) también han disminuido el número de trabajadores un 6,9% desde enero de 2012.
Sin embargo, son las comunidades autónomas las que han prescindido de más empleados. En los últimos tres años y medio han despedido o jubilado a casi 74.000 trabajadores públicos, casi todos relacionados con la educación o la sanidad.
En este periodo las comunidades han disminuido en 28.491 el número de profesores y profesionales de la educación. Al mismo tiempo, han rebajado en 27.848 los profesionales sanitarios como médicos, enfermeras y asistentes sanitarios. Curiosamente la plantilla de la Administración de Justicia es la única que aumenta, un ligero 0,9%.
Desde 2010 la tasa de reposición de los empleados públicos —las sustituciones por cada baja— están congeladas salvo para algunos colectivos como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, médicos e inspectores de Hacienda entre otros para los que se permite un relevo por cada diez bajas.

"De los 2.522.631 empleados públicos registrados en la actualidad, el 63% es funcionario, el 24% es personal laboral y el 13% el resto del personal. Un 46,16% de todos los empleados públicos son hombres y un 53,84% son mujeres", señala Hacienda en un comunicado.



jueves, 25 de diciembre de 2014

Trabajadores de la cárcel de Albolote piden reforzar la plantilla ante el "hacinamiento" de presos


IDEAL.ES                   26/12/2014

Trabajadores de la cárcel de Albolote piden reforzar la plantilla ante el "hacinamiento" de presos

Advierten de que la cárcel granadina cuenta con una de las plantillas más envejecidas del país, con una media de 45 años, ya que han transcurrido varios años sin adecuar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) al no abrirse ningún proceso para ello


Trabajadores de la cárcel de Albolote (Granada) han mostrado su "indignación" por el "hacinamiento de presos" que existe actualmente y que convierte a este centro penitenciario en el "más poblado de Andalucía" y el "segundo en España" de los Centros Tipo.
La cárcel de Albolote tiene una capacidad máxima para 1.008 internos, pero actualmente acoge a 1.530, por lo que existe una "acuciante necesidad de personal", según han informado desde la sección sindical de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).
Desde este colectivo advierten de que la cárcel granadina cuenta con una de las plantillas más envejecidas del país, con una media de 45 años, ya que han transcurrido varios años sin adecuar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) al no abrirse ningún proceso para ello.
"Tenemos unas tremendas necesidades de personal y esto nos lo premian con una prisión saturada. Pedimos un equilibrio en el número de internos de las prisiones Tipo, que en algunos casos, como Topas (Salamanca), tienen una población reclusa un tercio menor a la nuestra, no llegando a los 1.000 internos. Esto nos parece intolerable, de seguir así platearemos medidas de presión ante la dirección del centro para que acceda a esta legítima reivindicación", advierten desde el sindicato.
40 personas más
Según sus estimaciones, sería necesario incorporar unas 40 personas más a la plantilla, entre funcionarios y personal laboral, para atender de forma adecuada el trabajo en el centro penitenciario y reclaman por ello a la dirección que "plante cara" a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para conseguir mejoras.
Al margen de estas cuestiones, desde el sindicato han reclamado el arreglo de los sistemas contra incendios, que "siguen sin funcionar desde primeros de junio, con el riesgo que ello conlleva para internos y trabajadores".
Además, han solicitado que se solucionen los contratiempos que están ocasionando las reformas que se acometen en estos momentos en la prisión, como "problemas en la apertura y cierre de celdas" de algunos módulos, "lo que supone un retardo inaceptable de las actividades modulares y la posibilidad de no poder resolver cualquier situación de emergencia".



domingo, 14 de diciembre de 2014

YUSTE COBRA 120.000 € AL AÑO


ANGEL YUSTE EL DÉCIMO EN EL RANKIN DE LOS MEJOR PAGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN


El ranking de los mejores sueldos públicos

Los 11 galácticos de la Administración



10.- Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias (119.566 euros)
Dirigir los centros penitenciarios de toda España tampoco está nada mal pagado. 119.566 euros percibe Ángel Yuste por esta función, quien recientemente tuvo que acudir al Congreso de los Diputados a explicar el tercer grado concedido al expresidente balear, Jaume Matas. Ya ocupó este mismo cargo entre 1996 y 2004.

El comercio.es                  

El portal de transparencia revela los elevados sueldos en la cúpula de la Administración

·         Casi todos cobran más que el presidente o el ministro y no son nada raros los salarios por encima de los 100.000 euros anuales

El nuevo portal sobre la transparencia confirma una sospecha: que el presidente del Gobierno o los ministros no son los mejores pagados de sus departamentos. Lo que no se conocía hasta ahora es que el jefe del Ejecutivo y sus ministros son casi siempre los que menos cobran porque la verdadera bicoca económica de trabajar en la Administración es trabajar de alto cargo para el Gobierno central.
Las cifras son tajantes. Mariano Rajoy se embolsa al año 78.185 euros, mucho menos que ocho de sus más cercanos colaboradores. Su director de Gabinete, Jorge Moragas es el mejor pagado de Presidencia y uno de los mejores pagados de la Administración con 113.186 euros anuales. Le sigue a muy poca distancia, Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica del presidente con 112.733 euros. También por encima de los 100.000 euros cada doce meses están el director adjunto de Presidencia, Alfonso Senillosa, que recibe un sueldo de 102.810 euros, y la secretaria general de la Presidencia, Rosario Pablos, que ingresa 103.896.
Si para muestra un botón, el Ministerio del Interior. Jorge Fernández tiene una retribución de 68.981 euros, pero es que su número 2, el secretario de Estado de Seguridad se embolsa 104.435 euros. Hay otros tres altos cargos de Interior por encima de los 100.000 euros al año. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, gana 114.114 euros. La misma cantidad que su homólogo en la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Pero el récord absoluto en Interior se lo lleva el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, que cada año gana 119.566 euros.


Pastor y Montoro, los ministros mejor pagados, ganan más que la vicepresidenta
La mayoría de los ministros perciben 68.981 euros, como el de Exteriores, Justicia, Defensa, Educación, Interior, Empleo y Sanidad
 Los sueldos de los miembros del Gobierno y de los altos cargos correspondientes a 2013 se pueden consultar desde este miércoles en el portal de la transparencia (http://transparencia.gob.es/), donde también se ha colgado información relativa a contratos, convenios o subvenciones del año 2014 de la Administración General del Estado.
Entre los ministros, la titular de Fomento, Ana Pastor, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, son los que más ganan del banco azul, con 77.503 euros y 76.319 euros respectivamente, por encima de la vicepresidenta del Gobierno. La mayoría de los ministros percibe 68.981 euros, como es el caso de Exteriores, Justicia, Defensa, Educación, Interior, Empleo y Sanidad.
En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, tiene un sueldo anual bruto de 68.981 euros. Sus secretarios de Estado también ganan más: el de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez Rubio (115.351, incluidos 11 trienios); el secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo (109.142); y el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, (113.332, con ocho trienios).
El titular de Justicia, Rafael Catalá, cobra 68.981 euros brutos al año, mucho menos que su secretaria de Estado, Carmen Sánchez-Cortes, que con ocho trienios gana 116.810 euros. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina recibe 75.754 euros. Su secretario Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos cobra 110.355 euros.
En el Ministerio de Defensa, el ministro Pedro Morenés cobra 68.981 euros, por debajo de su director de gabinete, almirante Javier Pery, que recibe 90.413 euros (con 14 trienios); y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Fernando García Sánchez, con 119.251 (incluidos 13 trienios). El que más gana es el representante militar ante los comités militares de la OTAN y de la UE, con 181.770 (se incluyen 13 trienios).
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas tiene un sueldo de 76.319 euros brutos, más que otros ministros debido a los 13 trienios. En cualquier caso, su sueldo es menor que el de sus tres secretarios de Estado. La de Presupuestos, Marta Fernández Currás, gana 111.308 euros (ocho trienios), seguido del de Hacienda, Miguel Ferre, con 110.937 (con siete trienios), y del de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que recibe 106.986 al año. Los tres son superados por la subsecretaria de Hacienda que, con ocho trienios, cobra 118.499 euros.
Educación, Empleo, Industria y Economía
En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el ministro José Ignacio Wert gana 68.981 euros. Su secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, percibe 114.247 euros (siete trienios) y el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, 110.296 euros. Todos ellos son superados por el director del Museo del Prado, que tiene un sueldo de 133.098 euros.
Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social percibe 68.981 euros. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, 113.752 euros (nueve trienios) y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, 108.422 euros. En el caso de Fomento, la ministra Ana Pastor, gana 77.503 euros y su secretario de Estados de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, 113.963 con siete trienios.
En el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el ministro José Manuel Soria cobra 73.497 (ocho trienios), menos que la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego (108.414), el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal (110.481 euros con cinco trienios) y el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo (108.414 euros).
El titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, percibe 71.478,95 euros. El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa tiene un sueldo de 111.382, la misma retribución que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
Interior y Sanidad
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cobra 68.981 euros, mientras que su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, gana 104.437. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y el de la Policía, Ignacio Cosidó, perciben 114.115 euros brutos anuales. Los que más ganan en este Departamento son el subsecretario de Interior, Luis Aguilera, con 116.937, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, con 119.566 (con once trienios).
El nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, también gana como otros de sus compañeros de gabinete, 68.981,88 euros. La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, cobra 108.422 euros.


miércoles, 10 de diciembre de 2014

¿Los sujetadores son peligrosos para la seguridad de un centro penitenciario?

¿Los sujetadores son peligrosos para la seguridad de un centro penitenciario?


dic 9th, 2014 | por  | Categoría: Opinión
Las abogadas de Gran Canaria se han quejado de un trato vejatorio por ser obligadas a quitarse el sujetador e introducirlo en una pequeña bolsa para poder acceder al Centro Penitenciario Las Palmas II, ya que, de hacerse lo contrario, suena la alarma del detector de metales existente en el punto de control de la entrada del Establecimiento. Esta situación, lógicamente, provoca el agobio de las letradas, que sienten que se atenta contra su dignidad cada vez que tienen que entrar en el Centro.
El “Protocolo de actuación en materia de seguridad”, que se encuentra en la Instrucción 3/2010 de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, establece en el primer epígrafe de su apartado 3 que “La repetición de evasiones e intentos de evasión, en las que los internos eran portadores de armas de fuego u objetos punzantes, aconsejaron la instalación de arcos detectores de metales con los que, sin perjuicio de los controles (cacheos y requisas) que reglamentariamente corresponde efectuar a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, alcanzan una mayor eficacia en la detección de armas y otros objetos que pueden resultar peligrosos para la seguridad del Establecimiento y la propia de los funcionarios e internos” al hablar de las normas de seguridad, control e intervención en los accesos y otras dependencias relativas a las personas y medios materiales en relación con los arcos detectores de metales. Para ello, según el Protocolo, “Todas las personas que tengan autorizado el acceso al interior del Establecimiento serán invitadas, con la mayor corrección, a pasar el control del arco detector de metales”. Esta regla tiene excepciones:
  1. Los Magistrados, Jueces y Funcionarios del Ministerio Fiscal que visiten el Centro en el ejercicio de sus funciones.
  1. Los funcionarios y personal laboral adscritos al Centro y aquellas autoridades que vayan acompañadas por algún mando del Establecimiento.
Se ha afirmado que estas excepciones son discriminatorias, pero debe tenerse presente que las personas contempladas en ellas ejercen funciones públicas y están vinculadas por distintas causas a una Administración Pública. Los abogados, en cambio, ejercen funciones relacionadas con la protección de intereses privados.
Es posible comprobar sin dificultades que las reglas recogidas en el Protocolo tienen por objetivo evitar la entrada de armas o instrumentos metálicos peligrosos para las personas que se encuentran en el Establecimiento. Por esta razón, no tiene sentido que se le exija a las abogadas que se quiten el sujetador para poder acceder al interior del Centro, ya que esa prenda no es peligrosa y la normativa indica que “Si en el control el aparato detector emitiese señal de alarma, el funcionario dará orden de que haga entrega del objeto causante de la señal y le hará pasar nuevamente por el detector” y que “Si el objeto detectado no incide en la seguridad del Establecimiento y el nuevo pase por el arco se efectúa sin novedad, se permitirá la entrada a la persona autorizada sin más trámite”. Además, un funcionario acompaña a las letradas cuando están dentro del Establecimiento.
Realmente, el problema se encuentra en la estricta interpretación y aplicación del contenido de la Instrucción 3/2010 en el Centro Penitenciario Las Palmas II, no en su texto. Si se interpretara y aplicara adecuadamente el Protocolo, no se le causarían perjuicios a las letradas que van al Establecimiento Penitenciario.
Debe tenerse presente que el art. 10 de la Constitución Española dice que “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Además, el art. 15 de la misma norma señala que todos tienen derecho a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes.
Parece posible garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en el Centro Penitenciario sin atentar contra la dignidad de las abogadas que, por motivos profesionales, tienen que acudir al EstablecimientoPara alcanzar ese objetivo, es importante saber interpretar y saber aplicar las normas del Protocolo en materia de seguridad de manera correcta.

España no sabe qué hacer con sus cárceles vacías

España no sabe qué hacer con sus cárceles 

vacías, señala Fortune 


La revista estadounidense pone el foco en otro tipo de “elefante blanco” (grandes infraestructuras que no se utilizan) en España del que se habla poco: las cuatro nuevas prisiones que permanecen vacías por motivos económicos. El artículo que firma Ian Mount y se titula: “Spain has an empty prison problem” aprovecha para profundizar en la política carcelaria española y cómo desde 2010 se ha explorado vías alternativas a la encarcelación y se ha reducido un 9% la población penitenciaria. Pero resalta que el gobierno no tiene claro qué hacer con las prisiones vacías que además ve como “lujosas”. 



Fortune recuerda que en 2011 y 2012 se abrieron 10 centros penitenciarios, pero España mantiene vacías cuatro cárceles recientemente terminadas, con un total de 3.300 celdas. Y explica que el motivo es el alto coste económico de encarcelar a alguien. Detalla que por ejemplo abrir y mantener la nueva cárcel de Archidona en Málaga, que costó 117 millones, requeriría una plantilla de 550 personas, en un momento en el que el gobierno no contrata nuevos funcionarios. Recoge que mantenerla segura y limpia -aunque vacía- parece una “ganga” en comparación: 3,27 millones de euros al año.
El texto apunta que los motivos económicos también han empujado a España, y otros países, a explorar alternativas a la encarcelación. Recuerda que aunque la tasa de criminalidad española es baja comparada con el resto de Europa, tenía la segunda mayor población carcelaria: 76.000 personas en 2009. Pero destaca que ya con la crisis en 2010 cambió el código penal para reducir las penas por tráfico de drogas y facilitar la deportación de presos extranjeros, lo que ha reducido un 9% el número de presos hasta 66.000. El artículo señala en cualquier casi que sigue sin estar claro que hará España con sus nuevas cárceles vacías que además no gustan al gobierno porque, al tener piscinas y TV de plasma, las considera “demasiado lujosas”.
Fortune es una revista de EEUU centrada en el mundo de los negocios que se publica desde 1930. Pertenece al grupo Time Inc y compite con Forbes o Businessweek. Es popular por su lista Fortune 500 en la que compara las principales empresas por sus ingresos y negocios. Su circulación en 2013 era de 830.000 ejemplares. Su edición digital se publica dentro de CNN Money.

 http://www.radiocable.com/fortune-carceles-vacias-esp275.html#sthash.owcAvThJ.dpuf

martes, 9 de diciembre de 2014

Un funcionado de la cárcel de Estremera (Madrid) fue suspendido de empleo y sueldo

El país.com

Prisiones sanciona a un funcionario por grabar al testaferro de Díaz Ferrán

De Cabo narra supuestos casos de corrupción que implican a altos cargos

 Madrid 8 DIC 2014 

El trabajador dice que los jueces han aceptado otras veces sus grabaciones
Un funcionado de la cárcel de Estremera (Madrid) fue suspendido de empleo y sueldo el pasado 16 de octubre por intentar enviar a la Audiencia Nacional una grabación subrepticia sobre corrupción que él mismo hizo, dentro de la prisión, a Ángel de Cabo, acusado de actuar en connivencia con el expresidente de la patronal CEOEGerardo Díaz Ferrán para desmantelar las empresas del grupo Marsans. En las grabaciones, De Cabo narra supuestos casos de corrupción que implican a jueces, políticos y banqueros.
El funcionario, que trabajaba como educador en el módulo 11 de la prisión, remitió el pasado 16 de septiembre a la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, que dirige Ángel Yuste, un pen drive que contiene varias horas de conversaciones entre él y De Cabo. Este último, ignorante de que estaba siendo grabado, parece sincerarse con el funcionario y describe supuestas tramas corruptas en las que implica a jueces, altos cargos del PP y a un conocido exbanquero.
La intención del funcionario, cuyo identidad se corresponde con las iniciales de H. O. S., era que la grabación fuese remitida por Prisiones a los jueces de la Audiencia Nacional para que estos valorasen e investigasen su contenido por tener relación con causas abiertas en la actualidad en este órgano judicial. Aparte de las propias manifestaciones de De Cabo, el funcionario adjuntó también un croquis dibujado por el empresario en el que detalla supuestos delitos de blanqueo de capitales, pactos judiciales y créditos irregulares que atribuye a jueces y altos cargos de la política nacional. La grabación se efectuó en diferentes días del pasado marzo, cuando De Cabo cumplía prisión preventiva en la cárcel de Estremera por el caso Marsans. A través de su abogado, De Cabo se ha desentendido de la citada grabación sin precisar si es o no cierto su contenido.
El funcionario aporta asimismo una petición de permiso manuscrita por de De Cabo con la que trata de acreditar que, también el croquis, es obra del hombre que ayudó a Díaz Ferrán a ocultar de los juzgados mercantiles gran parte de su patrimonio para esquivar las deudas contraídas con los trabajadores de Marsans y numerosos acreedores hosteleros. Díaz Ferrán lleva dos años en la cárcel, mientras que De Cabo está en libertad bajo fianza.
La grabación efectuada por el funcionario, suspendido de empleo y sueldo, dura casi dos horas. La envió el pasado 16 de septiembre y no obtuvo respuesta de Prisiones hasta el pasado 2 de octubre, cuando varios inspectores se trasladaron a Estremera para interrogarle. Le telefonearon a casa urgentemente y, según cuenta el trabajador en un escrito, le retuvieron todo el día. Fue un encuentro muy tenso.
El funcionario también trató de grabar su interrogatorio, pero no se lo permitieron e incluso trataron de “arrebatarle por la fuerza” el bolígrafo grabador que portaba. Por este motivo, requirió la presencia de los guardias civiles de la cárcel para que levantasen un atestado de lo sucedido.
El día anterior al interrogatorio, EL PAÍS se había puesto en contacto con Prisiones para preguntar por el destino dado a la grabación. La secretaría general afirmó que “no quiere decir nada” sobre este asunto, al preguntársele si la grabación, como pedía el funcionario, había sido remitida por Yuste a los jueces.
En el expediente sancionador del funcionario de Prisiones se justifica la suspensión del trabajador en la ilegalidad de la grabación y en el hecho de que tratara de grabar a los inspectores y a los superiores que le interrogaron.
Tras la suspensión, el funcionario decidió remitir el pen drivey el croquis a la Fiscalía Anticorrupción, para que esta determine la legalidad de la grabación y, sobre todo, juzgue si deben investigarse las graves acusaciones a jueces, políticos y banqueros que vierte Del Cabo en esas dos horas de conversación. El funcionario asegura en sus escritos a Prisiones posteriores a su suspensión que, en ocasiones anteriores, ha grabado a internos a petición de responsables penitenciarios, que saben de sus grabaciones a diferentes internos desde 2009, y que además puede acreditar que hay jueces que han admitido dichas grabaciones para sus pesquisas. Señala además que, en todo caso, deben ser los tribunales y no los responsables de Prisiones quienes valoren tanto la legalidad como el contenido de la grabación hecha a De Cabo.

viernes, 5 de diciembre de 2014

NUEVO MODELO DE NÓMINA

Cinco días.com

Las empresas tienen seis meses para adaptarse

Así serán las nuevas nóminas




Las nóminas de los trabajadores deberán incluir desde este miércoles un importante cambio: además de recoger la base de cotización y el tipo de retención del IRPF y cotizaciones aportadas por el empleado, también reflejarán la aportación del empresario a la Seguridad Social. Así se contempla en una orden ministerial publicada el martes en el Boletín Oficial del Estado, disposición que entró el miércoles en vigor. Aún así, según el Ministerio de Empleo, las empresas tendrán un perioodo de seis meses para adaptar su sitema el nuevo modelo de nómina.
Hasta ahora, en los recibos de los salarios de los trabajadores únicamente se reflejaba la aportación del empleado: por contingencias comunes (un 4,70% para todos los trabajadores) y desempleo y formación profesional (un 1,55% en el caso de los trabajadores con contrato indefinido y un 1,% para los que tienen contrato temporal). Es decir, solo aparecía en la nómina la aportación del trabajador para financiar las pensiones, las ayudas por desempleo y las acciones de formación profesional que financia el Estado.
Ahora, además de lo que aporta el trabajador, también se deberá incluir la de la empresa, esto es, el 28,3% por contingencias comunes; el 5,5% en contratos indefinidos por desempleo ( 6,7% en caso de trabajadores temporales, independientemente de si tiene jornada completa o a tiempo parcial); la cotización para el Fondo de Garantía salarial (0,2%); y Formación Profesional (0,6%).

La cuota patronal asciende al 30% de la base reguladora de los trabajadores indefinidos


Un ejemplo

En términos prácticos, si se tienen en cuenta los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario más frecuente en España, son 15.500 euros anuales. En este caso, un trabajador con este sueldo recibirá unos 1.300 euros mensuales (con las pagas extra prorrateadas) y en su nómina aparecerá que, además de esta cantidad, el empresario abona a la Seguridad Social por este asalariado 390 euros más cada mes.
Es más si este trabajador tiene un contrato temporal, la aportación del empresario a la Seguridad Social sería algo mayor. En concreto, pagaría 4.805 euros al año o 403 euros al mes por este asalariado independientemente del tipo de su jornada.
¿A qué corresponde este dinero que paga el empresario y que va a aparecer a partir de ahora en las nóminas de los trabajadores? La empresa abona todos los meses el 23% de la base reguladora del trabajador (que es prácticamente equivalente a su salario bruto) por concepto de cotización por contingencias comunes. Con este dinero se pagan las pensiones de los que están ya jubilados y las bajas médicas por enfermedad común de los trabajadores ocupados.
A este porcentaje se suma otro 5,50% de la base reguladora del trabajador que el empresario abona en concepto de cotización por desempleo. Con lo recaudado por esta cuota se abonan las prestaciones contributivas por desempleo de los parados que tienen derecho a ello. Si el contrato es temporal, lo que paga la empresa por desempleo es algo más, un 6,70%
Finalmente, un último grupo de cotizaciones empresariales son las del Fondo de Garantía Salarial(Fogasa) por el que la empresa paga el 0,20% de la base reguladora del trabajador, con lo que se pagan los salarios e indemnizaciones de empresas en quiebra y el 0,60% para financiar la formación de los ocupados.
En total, la cuota patronal, que es como se denomina la suma de todas esta cotizaciones asciende al 30% de la base reguladora de los trabajadores indefinidos y al 31% de la de los trabajadores temporales.
En definitiva, con este nuevo modelo de nómina publicado se da cumplimiento al artículo 104.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que fue añadido con efectos de 1 de enero de 2013. En ese artículo se recoge que el empresario "descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos". Además, se añade que en los justificantes de pago de las retribuciones, "el empresario deberá informar a los trabajadores de la cuantía total de la cotización a la Seguridad Social indicando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2, la parte de la cotización que corresponde a la aportación del empresario y la parte correspondiente al trabajador, en los términos que reglamentariamente se determinen".



Más de 50 etarras piden reducir sus penas




TRIBUNALES Excarcelaciones

Más de 50 etarras piden reducir sus penas como Santi Potros y Plazaola


·         Presentan escritos para que se les aplique el mismo criterio que a 'Santi Potros' y Plazaola

·         Plantean a la Audiencia Nacional descontar los años de prisión que cumplieron en Francia


Más de 50 de etarras han reclamado a la Audiencia Nacional que se les apliquen los mismos descuentos en las condenas que a sus compañeros Santi Potros y Plazaola, que ayer quedaron en libertadaños antes de lo que hasta hace poco se esperaban. Ambos han conseguido que la Audiencia Nacional les compute el tiempo de prisión que cumplieron en Francia como si lo hubieran hecho en España.
Las órdenes de libertad recibidas en la prisiones de Villena (Alicante)-donde estaba encarcelado Santiago Arrospide, Santi Potros- y deTeixeiro (La Coruña) -en la que cumplía Alberto Plazaola- fueron remitidas por la Sección Primera de la Audiencia Nacional. Se trata del tribunal que el pasado martes interpretó que una reciente sentencia del Tribunal Supremo y una Decisión Marco de la UE obligaban a descontar del plazo de 30 años de prisión lo que se hubiera cumplido en Francia.
Ese criterio se aplicó directamente a Santi Potros, Plazaola y otros dos etarras que siguen presos porque pese a la rebaja aún no han cumplido: Pakito y Caride Simón.
Pero la repercusión podría ser mucho mayor, ya que más de 50 terroristas han planteado ya la misma petición a la Audiencia. Las últimas solicitudes han llegado esta misma semana a los magistrados. Se trata de etarras que fueron arrestados en Francia y cumplieron allí alguna condena, habitualmente asociación de malhechores (equivalente a pertenencia a organización terrorista) y tenencia de armas o explosivos.
Entre los terroristas que se han dirigido a la Audiencia se encuentranGallastegui Sodupe, Juan Ramón Carasatorre, Asier Ormazabal,Juan Luis Rubenach, Manex Zubiaga, Jose Pikabea o Julián Achurra. Además de Santi Potros y Plazaola, ya salió de prisión por este motivo Carmen Guisasola y en breve lo hará otro beneficiado, el arrepentido García Corporales.

Los magistrados, divididos

Las cuatro secciones de los Penal tienen asuntos de este tipo sobre la mesa y los magistrados se encuentran divididos. El mismo día que la Primera aceptó la petición de cuatro etarras, la Segunda se la denegó a otro. Como quedó reflejado en el Pleno del pasado viernes,la mitad apoya tener en cuenta las penas en otro país y la otra mitad no. Así que dependiendo de en qué sección -incluso en qué magistrados de cada sección- recaiga cada asunto, los etarras lograrán o no su objetivo. A la sección que ordenó excarcelar a Santi Potros le han correspondido al menos 18 casos.
Las discrepancias seguirán hasta que el Supremo unifique criterios. Mientras tanto seguirá resolviendo la Audiencia, que a partir de ahora deberá tener en cuenta un nuevo elemento: que el miércoles entró en vigor una ley que traslada la decisión marco de la UE a nuestra normativa y que en la práctica impide que los etarras se descuenten las penas.
Pero la norma no acaba con las discrepancias, porque los jueces de la Audiencia también se muestran divididos sobre si esa norma debe aplicarse a quienes ya habían presentado su reclamación antes de la entrada en vigor.
El fiscal general del Estado se pronunció ayer sobre lo que describió como «una cuestión con mucha significación para las víctimas de ETA». «Estamos preocupados por la discrepancia de criterios, que nunca es bueno en un órgano judicial», declaró Eduardo Torres-Dulce, que recordó que el Ministerio Público recurrirá las excarcelaciones ante el Supremo. El fiscal general aseguró además que enviará un escrito a todas las fiscalías para que actúen de conformidad con el criterio establecido por la Fiscalía de la Audiencia en este caso.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se encontraba precisamente ayer en Bruselas en una reunión de ministros europeos de Justicia. Desde allí explicó que España acaba de modificar su normativa para reconocer las sentencias de los tribunales de otros estados miembros de la UE, pero recalcó que en ningún caso esto puede menoscabar el cumplimiento de condenas dictadas por tribunales españoles. «Tenemos un sistema legal que garantiza el cumplimiento de las penas en España, que garantiza también la armonización europea», aseguró.
A las declaraciones de Catalá se sumaron las de su homólogo de Interior. Jorge Fernández Díaz aseguró que «el espíritu y la letra» de la normativa europea que entró ayer en vigor en España «no tiene por finalidad aligerar la salida de terroristas a la calle». Fernández Díaz aseguró que la norma «es el reconocimiento mutuo entre los estados de la UE para que se tengan en cuenta los cumplimientos de condena en otros países cuando haya conexión temporal o material entre los delitos y los motivos de las condenas». Además, destacó la complejidad jurídica del caso, «ya que ni la propia Audiencia Nacional tiene un criterio unánime».

 


CRÍTICAS DE LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO

"Una vergüenza para víctimas y para toda España"
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, aseguró que la rebaja de penas a cuatro miembros históricos de ETA es "una vergüenza para víctimas, ciudadanos y para toda España". "La decisión me parece la mayor indignidad en un país en el que ha habido más de 50 años de asesinatos sin que ninguna víctima se haya tomado la justicia por su mano para ahora tener que soportar esto", subrayó Pedraza.
"Dudosa legalidad"
La asociación Covite criticó la "dudosa legitimidad y legalidad" de la decisión, ya que se adoptó "48 horas antes de la entrada en vigor de la ley Orgánica 7/2014, con el único propósito de evitar su cumplimiento y burlar la voluntad del legislador, que no era otra que la de evitar esa acumulación de condenas e impedir la excarcelación de los terroristas".
"Una cuestión política"
Roberto Manrique, víctima del atentado de Hipercor y ex presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) fue muy crítico: "Me molesta que sea una cuestión política, cuando descubres que hay un ministro de aquí o de allí que hacen un pacto y que a raíz de ahí lo plantean a nivel jurídico, ¿por qué no piensan que tiene consecuencias jurídicas antes de hacerlo?".