SUR.es 11-11-14
Cárceles sin delincuentes
Cinco nuevos centros penitenciarios
están cerrados por falta de dinero para contratar funcionarios de prisiones.
Málaga II, con mil celdas y campo de fútbol, es el penal vacío más grande del
mundo
Visto desde una loma
cercana, el centro penitenciario de Archidona (técnicamente, Málaga II), parece
una pequeña ciudad encajada en un cuadrado, un conjunto de edificios con
fachadas en tonos pastel y tejado verde demasiado bien alineados para ser
viviendas al uso: recuerda a un fuerte militar, amurallado y rodeado por
anillos concéntricos de terreno despejado; desde más cerca se ven brillar las
concertinas que coronan el vallado. Cuenta con 16 pabellones y más de mil
celdas, con talleres productivos, almacenes, planta termosolar, depuradora,
zonas verdes y hasta un campo de fútbol en una parcela de 350.000 metros
cuadrados: es la cárcel vacía más grande del mundo.
«Cuando se pasa por allí solo se ve a una persona en la caseta de
control. Imagino que haya más gente dentro», explica Francisco Jiménez, alcalde
de Archidona. Cuenta que cuando anunciaron su construcción, los vecinos se
frotaban las manos: la crisis empezaba a hacer crecer la lista de parados y una
obra como esa –90 millones que acabaron siendo 117–, podía ser la solución.
Pero casi todo el personal vino de fuera. Solo medio centenar de afortunados
encontraron trabajo. Entonces pensaron que quizás cuando empezase a funcionar
todo iría mejor: con 2.000 internos y unos 600 trabajadores previstos, algo de
movimiento se notaría en un municipio de 8.000 habitantes. Pero las obras
terminaron en marzo de 2013 y por allí no aparece más que el vigilante de la
garita. «En los presupuestos generales para 2015 hay una partida de 800.000
euros para la prisión», añade esperanzado el regidor, aunque sabe que con ese
dinero no se puede ni empezar a amueblarla. Instituciones Penitenciarias, donde
no ha llegado la tan cacareada política de transparencia del Gobierno, guarda
silencio.
Se trata del caso más llamativo, pero el de la prisión
malagueña no es el único: en Tarragona, desde hace un año aguarda el momento de
abrir sus puertas Mas d’Enric, con capacidad para albergar un millar de presos.
Aquí la Generalitat paga un millón al mes a la empresa concesionaria, esté
ocupada o no, en concepto de alquiler –el modelo catalán se basa en que una
sociedad se hace cargo de la obra y la Administración abona un canon como
arrendamiento–.
Otro
tanto sucede en el Centro de Inserción Social (CIS) de Almería y en las
Unidades de Madres de Alicante y Tenerife, en los que se han invertido en total
unos 21 millones. Hay cárceles que han abierto, pero para estar a medio gas,
como Zaballa (Álava), Las Palmas II, Murcia II y Pamplona, inauguradas entre
2011 y 2012. Y el problema va más allá de tener echado el cerrojo en unos
cuantos edificios. Dejar unas instalaciones así en barbecho cuesta montones de
dinero. Solo Archidona se come al año 3,2 millones en vigilancia, inspección y
mantenimiento (equipos de comunicación y seguridad, ascensores, calderas...). Y
la alternativa es dejarlo pudrirse y volver a gastar otra millonada en el
momento de su puesta en marcha.
Han pesado tanto las razones económicas como las ideológicas en
esta situación. Por un lado, la crisis ha echado por tierra los cálculos
presupuestarios realizados en tiempos más felices; por otro, el Gobierno de
Mariano Rajoy no comparte la misma visión de la política penitenciaria que el
de Rodríguez Zapatero, que diseñó el plan de apertura de esos centros ahora
parados. «Se han ralentizado las obras previstas y se ha suprimido la
construcción de diez CIS porque no cree en el modelo de cumplimiento de las
condenas en régimen de semilibertad». Tampoco sobrevivieron las piscinas ni los
televisores de plasma en las nuevas prisiones.
Hay, además, otro factor que ha servido de justificación para no
poner en funcionamiento nuevos centros: el número de presos ha bajado en los
últimos años. De los 76.079 d 2009 se ha pasado a los 67.404 que había
encerrados a finales de 2013.
Todos a la calle
«¿Que qué ha pasado? Pues que teníamos un tapón por las reformas
del Código Penal que hizo en su día el PP para castigar más, endurecer las
penas e incluir nuevos delitos. Después se utilizaron recursos políticos,
diplomáticos y policiales que redujeron el número de internos, como el control
telemático, la expulsión de extranjeros para que cumplan las condenas en su
país o el campeonato del mundo de indultos: en siete viernes buenos de
Gallardón, a cincuenta cada uno, se vaciaba una cárcel como la de Logroño». Hay
más: la reforma penal aprobada en 2010 rebajó las penas máximas para los
delitos menores relacionados con el tráfico de drogas, que en solo unos días
dejó en libertad a medio millar de presidiarios. Ahora lo que se teme es que
los nuevos cambios que prepara Justicia provoquen un aluvión de encarcelados
que haga reventar las cárceles. « En cualquier caso, el gran mal de las
penitenciarías españolas es otro: la falta de personal. Hay 2.000 bajas que no
han sido repuestas, con el consiguiente aumento de la carga de trabajo para los
demás, y haría falta cubrir otros 3.000 puestos para poner en funcionamiento
los centros previstos. No hay nuevas oposiciones –bueno, sí: se acaban de
convocar 90 plazas–, y la gente se hace mayor. Si todo sigue así, en 2020 la
tercera parte de los vigilantes tendrá más de 58 años, y hay quien teme que
detrás de todo esto haya un plan para privatizar el servicio.
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