El
Gobierno vasco solicita el acercamiento de los presos de ETA y la competencia
de prisiones
Pretende que se vuelva a "la normalidad en el derecho penal
y penitenciario" tras el fin de ETA
Europa Press 29/11/2014
- 13:12h
El Gobierno vasco quiere "abrir un diálogo" con
el Gobierno de Mariano Rajoy, operadores jurídicos, grupos parlamentarios y
agentes sociales sobre un documento que ha elaborado titulado 'Zuzen Bidea'
(camino recto) en el que plantea 20 propuestas para avanzar en "la
normalidad en el derecho penal y penitenciario" tras el fin de ETA, y que
propone, entre otras cuestiones, el traspaso de la competencia de prisiones a
Euskadi, el acercamiento de los presos o dar respuesta al compromiso asumido
por los reclusos de la 'Vía Nanclares'.
En una comparecencia ante los medios de comunicación
celebrada en San Sebastián, el Secretario General de Paz y Convivencia del
Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha presentado el documento 'Zuzen Bidean', que
contempla diez medidas que puedan aplicarse sin modificaciones legales y otras
diez que sí precisarían de reformas legislativas.
Fernández ha recordado que "es opinión de muchos
juristas que, en los últimos años, la lucha contra el terrorismo se deslizó
hacia prácticas interpretativas y de cambios legales que cabe enmarcar en el
ámbito de lo excepcional", punto de vista que comparte el Ejecutivo vasco.
"Ese proceso encontró su punto culminante en la
aprobación de varias leyes orgánicas en 2003 mediante las que se introdujeron
límites difusos en las conductas tipificadas como terroristas, se debilitaron
las garantías de procedimiento, se alargaron las penas hasta lindarlas,
prácticamente, con la cadena perpetua o se introdujeron medidas que entorpecían
gravemente la posibilidad constitucional de reinserción", ha subrayado.
Tras apuntar que ahora ha desaparecido "la amenaza
de retorno del terrorismo de ETA", ha destacado que "es necesario
recomponer la normalidad penal y penitenciaria". "La no existencia
del riesgo de reincidencia es argumento más que suficiente para considerar
pertinente este objetivo", ha señalado.
En su opinión, "la normalidad penal y penitenciaria
es un consenso social clave para la normalización de la convivencia".
También ha recordado que se está "en un contexto de normalización",
de forma que "la sociedad, la política y las instituciones se encaminan
hacia la normalización". "Y también en materia penal y penitenciaria,
éste debería ser el elemento central", ha aseverado.
La propuesta 'Zuzen Bidean' se enmarca dentro a la
iniciativa ocho del Plan y Convivencia del Gobierno vasco y es un documento
complementario al programa 'Hitzeman', de promoción de procesos legales de
reinserción. El texto contiene 20 propuestas divididas en dos bloques, las que
no necesitan modificaciones legales y las que sí implican reformas
legislativas.
MEDIDAS SIN MODIFICACIONES LEGALES
Las diez propuestas de cambio, sin modificación legal,
que, según ha explicado Jonan Fernández, contribuyen a la normalización
política y social de la convivencia, son la transferencia de prisiones; el
acercamiento de los presos; aplicar la ley en el caso de los presos enfermos;
agrupar a presos con hijos en un mismo centro penitenciario; o la puesta en
libertad condicional de las personas mayores de 70 años.
También se encuadran en este bloque la aplicación
"con normalidad e igualdad" de trato los beneficios penitenciarios a
todos los presos; la aplicación de medidas legales en el caso de condenados por
actividades "antes ilegalizadas y ahora normalizadas"; dar una respuesta
institucional y oficial al compromiso asumido por los presos de la Vía
Nanclares; institucionalizar experiencias como Talleres de Convivencia y
Encuentros Restaurativos; y promover políticas de reinserción como la que
representa 'Hitzeman', mediante la colaboración interinstitucional.
Fernández ha insistido en que "todas estas
propuestas están hoy dentro de las posibilidades que ofrece la
legislación" y su aplicación depende de la voluntad política y de la
interpretación de los poderes del Estado.
REFORMAS LEGALES
La diez propuestas de modificación legal, incluyen tres
de reforma de distintos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) en
el ámbito de las garantías del proceso. Se trata de la supresión de la
detención incomunicada; la reducción de la duración de la prisión provisional;
y el secreto de las comunicaciones e inviolabilidad del domicilio.
Asimimo, el documento pide la creación de herramientas
legales de aplicación de las demandas de los organismos internacionales ante la
tortura en materia de investigación, prevención y reparación la tortura.
En lo relativo al cumplimiento de penas, propone una
derogación o modificación de la Ley Orgánica 7/2003 de medidas de cumplimiento
íntegro y efectivo de las penas y de la Ley General Penitenciaria, "a
partir de la desaparición del riesgo de reincidencia y con el objetivo de
promover la reinserción".
Por otra parte, plantea que el cómputo de condenas
cumplidas en otros países, se realice conforme a la interpretación que, de la
Decisión Marco 2008/ 675/JAI del Consejo de Europa, se contiene en la sentencia
186/14 del Tribunal Supremo.
En materia de ejecución penal, alude a la modificación
del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) "orientada
también al fin de la reinserción". Asimismo, reclama, "para retornar
a la normalidad", la modificación de varias leyes, de modo que la
competencia de los jueces de vigilancia, pase del Juzgado Central a los
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria territoriales.
En lo referente al derecho sustantivo, se hacen tres
propuestas que afectan a los artículos 576, 577 y 578 del Código Penal
referentes a la proporcionalidad de la pena, "tal y como recomienda el
Relator de Naciones Unidas para los derechos humanos"; la ubicación dentro
del ámbito de los delitos comunes de las conductas violentas no enmarcadas
dentro de una organización terrorista; y la eliminación de "límites
interpretativos difusos en las garantías de protección que precisa el derecho
fundamental a la libertad de expresión".
SIN ATAJOS
La propuesta se titula Zuzen Bidean porque la Secretaría
de Paz y Convivencia sugiere "abandonar los atajos y retornar al camino
del derecho".
Este texto pretende ser una herramienta "para
incentivar el debate". El Gobierno Vasco quiere "abrir un
diálogo" sobre esta materia con el Ejecutivo español, operadores
jurídicos, grupos parlamentarios y los agentes sociales.
Fernández ha señalado que este documento es "el
punto de partida y referencia" para ese diálogo. Con esta propuesta, el
Ejecutivo dirigido por Iñigo Urkullu "define un marco de referencia y
trabajo para toda la legislatura".
"Sabemos que no es fácil lo que estamos planteando,
no porque no sea justo o normal lo que estamos planteando, sino porque las
condiciones en las que se desenvuelve hoy la política en el Estado en esta
materia, son complicadas", ha apuntado.
La pretensión del Gobierno vasco es "poner encima de
todas las mesas" este documento "y tratar de avanzar en cada una de
las propuestas y en la reflexión conjunta sobre la necesidad de una vuelta a la
normalidad penal y penitenciaria, atendiendo, no a lo que dicte el Gobierno vasco,
sino a lo que piden los relatores internacionales en esta materia".
"CONTRAPROGRAMACIÓN AL TS"
Jonan Fernández se ha referido al hecho de que el
Gobierno español pretenda evitar que se les descuente a los presos de ETA la
pena cumplida en Francia, y ha considerado que "es insólito e
inaceptable" que el PP "contraprograme al Tribunal Supremo, que
establece una doctrina con una sentencia que adopta hace algunas semanas en
relación a cómo deben computarse los periodos de prisión pasados en otros
países".
En este sentido, ha recordado que el PP crea "una
doctrina alternativa a la que ha generado el Tribunal Supremo". "Esto
es incomprensible, inaceptable y una ruptura de las reglas de juego no escritas
en democracia", ha concluido.
El
País.com 29/11/14
El Gobierno lanza
su campaña por el acercamiento de presos de ETA
El lehendakari Urkullu quiere "abrir un diálogo" con el
Gabinete de Mariano Rajoy, sobre el documento 'Zuzen Bidea' (camino recto) que
reclama prisiones entre otras medidas
El Gobierno vasco quiere que la
administración central ponga fin a la "excepcionalidad" de la
política penitenciaria española tras el fin de ETA. El Secretario General
de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ha anunciado que quiere "abrir un
diálogo" con el Gobierno de Mariano Rajoy, operadores jurídicos, grupos
parlamentarios y agentes sociales sobre un documento que ha elaborado titulado
'Zuzen Bidea' (camino recto) en el que además de 20 propuestas para avanzar en
"la normalidad en el derecho penal y penitenciario" tras el fin de
ETA, reclama el traspaso de la competencia de prisiones a Euskadi, el
acercamiento de los presos o dar respuesta al compromiso asumido por los
reclusos de la 'Vía Nanclares'.
En una
comparecencia ante los medios de comunicación Fernández, ha presentado el
documento 'Zuzen Bidean', que contempla diez medidas que puedan aplicarse sin
modificaciones legales y otras diez que sí precisarían de reformas
legislativas. Fernández ha recordado que "es opinión de muchos juristas
que, en los últimos años, la lucha contra el terrorismo se deslizó hacia
prácticas interpretativas y de cambios legales que cabe enmarcar en el ámbito
de lo excepcional", punto de vista que comparte el Ejecutivo vasco.
"Ese proceso encontró su punto culminante en la aprobación de varias leyes
orgánicas en 2003 mediante las que se introdujeron límites difusos en las
conductas tipificadas como terroristas, se debilitaron las garantías de
procedimiento, se alargaron las penas hasta lindarlas, prácticamente, con la
cadena perpetua o se introdujeron medidas que entorpecían gravemente la
posibilidad constitucional de reinserción", ha subrayado. Tras apuntar que
ahora ha desaparecido "la amenaza de retorno del terrorismo de ETA",
ha destacado que "es necesario recomponer la normalidad penal y
penitenciaria".
"La
no existencia del riesgo de reincidencia es argumento más que suficiente para
considerar pertinente este objetivo", ha señalado. En su opinión, "la
normalidad penal y penitenciaria es un consenso social clave para la
normalización de la convivencia". También ha recordado que se está "en
un contexto de normalización", de forma que "la sociedad, la política
y las instituciones se encaminan hacia la normalización". "Y también
en materia penal y penitenciaria, éste debería ser el elemento central",
ha aseverado. La propuesta 'Zuzen Bidean' se enmarca dentro a la iniciativa
ocho del Plan y Convivencia del Gobierno vasco y es un documento complementario
al programa 'Hitzeman', de promoción de procesos legales de reinserción. El
texto contiene 20 propuestas divididas en dos bloques, las que no necesitan
modificaciones legales y las que sí implican reformas legislativas.
Las diez
propuestas de cambio, sin modificación legal, que, según ha explicado Jonan
Fernández, contribuyen a la normalización política y social de la convivencia,
son la transferencia de prisiones; el acercamiento de los presos; aplicar la
ley en el caso de los presos enfermos; agrupar a presos con hijos en un mismo
centro penitenciario; o la puesta en libertad condicional de las personas
mayores de 70 años. También se encuadran en este bloque la aplicación "con
normalidad e igualdad" de trato los beneficios penitenciarios a todos los
presos; la aplicación de medidas legales en el caso de condenados por
actividades "antes ilegalizadas y ahora normalizadas"; dar una
respuesta institucional y oficial al compromiso asumido por los presos de la
Vía Nanclares; institucionalizar experiencias como Talleres de Convivencia y
Encuentros Restaurativos; y promover políticas de reinserción como la que
representa 'Hitzeman', mediante la colaboración interinstitucional. Fernández
ha insistido en que "todas estas propuestas están hoy dentro de las
posibilidades que ofrece la legislación" y su aplicación depende de la
voluntad política y de la interpretación de los poderes del Estado.
supresión de la detención incomunicada
La diez
propuestas de modificación legal, incluyen tres de reforma de distintos
artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) en el ámbito de las
garantías del proceso. Se trata de la supresión de la detención incomunicada;
la reducción de la duración de la prisión provisional; y el secreto de las
comunicaciones e inviolabilidad del domicilio. Asimimo, el documento pide la
creación de herramientas legales de aplicación de las demandas de los
organismos internacionales ante la tortura en materia de investigación,
prevención y reparación la tortura. En lo relativo al cumplimiento de penas,
propone una derogación o modificación de la Ley Orgánica 7/2003 de medidas de
cumplimiento íntegro y efectivo de las penas y de la Ley General Penitenciaria,
"a partir de la desaparición del riesgo de reincidencia y con el objetivo
de promover la reinserción". Por otra parte, plantea que el cómputo de
condenas cumplidas en otros países, se realice conforme a la interpretación
que, de la Decisión Marco 2008/ 675/JAI del Consejo de Europa, se contiene en
la sentencia 186/14 del Tribunal Supremo. En materia de ejecución penal, alude
a la modificación del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria
(LOGP) "orientada también al fin de la reinserción".
Asimismo,
reclama, "para retornar a la normalidad", la modificación de varias
leyes, de modo que la competencia de los jueces de vigilancia, pase del Juzgado
Central a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria territoriales. En lo
referente al derecho sustantivo, se hacen tres propuestas que afectan a los
artículos 576, 577 y 578 del Código Penal referentes a la proporcionalidad de
la pena, "tal y como recomienda el Relator de Naciones Unidas para los
derechos humanos"; la ubicación dentro del ámbito de los delitos comunes
de las conductas violentas no enmarcadas dentro de una organización terrorista;
y la eliminación de "límites interpretativos difusos en las garantías de
protección que precisa el derecho fundamental a la libertad de expresión".
SIN ATAJOS La propuesta se titula Zuzen Bidean porque la Secretaría de Paz y
Convivencia sugiere "abandonar los atajos y retornar al camino del
derecho". Este texto pretende ser una herramienta "para incentivar el
debate".
El
Gobierno Vasco quiere "abrir un diálogo" sobre esta materia con el
Ejecutivo español, operadores jurídicos, grupos parlamentarios y los agentes
sociales. Fernández ha señalado que este documento es "el punto de partida
y referencia" para ese diálogo. Con esta propuesta, el Ejecutivo dirigido
por Iñigo Urkullu "define un marco de referencia y trabajo para toda la
legislatura". "Sabemos que no es fácil lo que estamos planteando, no
porque no sea justo o normal lo que estamos planteando, sino porque las
condiciones en las que se desenvuelve hoy la política en el Estado en esta
materia, son complicadas", ha apuntado. La pretensión del Gobierno vasco
es "poner encima de todas las mesas" este documento "y tratar de
avanzar en cada una de las propuestas y en la reflexión conjunta sobre la
necesidad de una vuelta a la normalidad penal y penitenciaria, atendiendo, no a
lo que dicte el Gobierno vasco, sino a lo que piden los relatores
internacionales en esta materia".
"
Jonan Fernández se ha referido al hecho de que el Gobierno español pretenda
evitar que se les descuente a los presos de ETA la pena cumplida en Francia, y
ha considerado que "es insólito e inaceptable" que el PP
"contraprograme al Tribunal Supremo, que establece una doctrina con una
sentencia que adopta hace algunas semanas en relación a cómo deben computarse
los periodos de prisión pasados en otros países". En este sentido, ha
recordado que el PP crea "una doctrina alternativa a la que ha generado el
Tribunal Supremo". "Esto es incomprensible, inaceptable y una ruptura
de las reglas de juego no escritas en democracia", ha concluido.