La
reinserción y la seguridad, en riesgo en la prisión de Albolote
La falta de funcionarios, sumado
al hacinamiento en el Centro Penitenciario, pone en peligro el control de los
presos pero también la atención que reciben
Muchos de los trabajadores y representantes
sindicales de la prisión de Albolote siguen en su lucha para conseguir un refuerzo de
personal y de funcionariado para hacer frente a varios problemas que,
según sus portavoces, acompañan a la prisión granadina desde hace tiempo: hacinamiento, falta deseguridad y falta de higiene.
“Ya no es solo
una cuestión de control sino de la atención que se les presta a los internos
para la reinserción social”, comenta a Granada Digital, Francisco Amaya, médico
en la prisión y ahora presidente de la Junta de Personal de la Administración
General del Estado.
Ayer, la plataforma sindical de la prisión
(integrada por APFP, CCOO, CSI-F y UGT), volvía a concentrase en la puerta
de la subdelegación del Gobierno en Granada para poner, un mes más, la tilde a
un problema que afecta tanto a los trabajadores como a los internos; un
problema que lleva meses sin ser resuelto en una prisión de la categoría 1.1, en la que
existen reos con cierta peligrosidad. “Actualmente tenemos presos yihadistas, etarras, bandas
organizadas…”, nos comenta Amaya. Ellos forman parte de los 1.470 internos
que hay actualmente en la prisión. “Son 1.470 para las 1.008 plazas reales
con las que cuenta la prisión”, matiza el presidente de la Junta de Personal,
quien nos recuerda que la prisión de Albolote es una de las prisiones con más
internos de España. Concretamente, la segunda de España.
FALTA DE PERSONAL
El
número internos sobrepasa las plazas. Un problema para el control y
seguimiento al que se le añade otro preocupante: faltan también funcionarios
dentro de la prisión. Faltan 80 y, según las previsiones que manejan estos
sindicatos, en dos años, teniendo en cuenta jubilaciones y que no se cubren
esas plazas, podrían llegar a faltar 180.
El Centro
Penintenciario de Albolote tiene una relación de puestos de trabajo
sustancialmente inferior a la del resto de prisiones con una estructura
similar. Además, según apunta la plataforma sindical, la media de edad de la
plantilla supera los 53 años, lo que motiva las jubilaciones o el paso de los
funcionarios a Segunda Actividad, sin que se cubran las plazas vacantes que
dejan. Pasar a Segunda Actividad significa que esas personas ya no tienen
contacto directo con los presos como por ejemplo, las noches de guardias.
Ante este
panorama la pregunta más lógica que se nos ocurre formularle a Amaya es si es
una cárcel segura, si debido a este déficit, del que son conscientes los
propios internos, los funcionarios pueden correr peligro. “Hay miedo pero
afortunadamente, hasta ahora, no ha habido incidencias graves. Es más, los
internos, que conocen la situación en la prisión, empatizan con los
trabajadores”, responde Francisco Amaya. “Lo que pasa es que, por ejemplo,
cuando acompañamos a un preso a algún lado, van tres funcionarios, en vez de
cinco, como debería de ser”, ejemplifica Amaya, dando a entender que el control
y la seguridad ya no es lo mismo.
La única
solución viable que ven es el cierre de al menos un Residencial (dos
departamentos) y establecer la prisión como un Centro de referencia de
Andalucía en “módulos de respeto”. “Se trataría de reubicar a los presos en
otras provincias, y con eso conseguiríamos retraer a cinco o seis funcionarios
en cada turno”.
La mayoría de
los presos que hay en Granada provienen de otros puntos de España, porque,
curiosamente, Granada es una de las provincia con menor índice de criminalidad.
En 2015, tuvimos un módulo vacío para resolver un problema relativo a los
sistemas informáticos y 140 internos se repartieron a otras prisiones, mientras
se acometía dicha actuación, y todo ha ido bien”, detalla Francisco Amaya.
Reducir un mínimo de 250 personas, las que caben en dos módulos, mejoraría la
situación de seguridad en el centro, opina.
“Hay muchos
presos que no tienen familia y otros a los que nadie le visita y quizá la única
conversación que pueden tener al día es con alguno de los funcionarios que
trabajan en la prisión. Y si no tenemos ni un minuto para hablarles, para
dedicarles algo de atención, es complicado”, nos comenta honestamente este
médico haciéndonos entender que una buena atención e implicación con esas
personas también da resultados para su reinserción en la sociedad. La labor de
los psicólogos, educadores y otros agentes que intervienen en la rehabilitación
o insercción de los presos se ve condicionada.
EL PROBLEMA DE LAS PLAGAS
Al problema de
hacinamiento y falta de personal se suma otro más que ya ha sido denunciado en
varias ocasiones y que este sí parece haber mejorado “aunque no solucionado”,
matiza Amaya. Se trata de una plaga de cucarachas que hubo en la prisión a
finales del pasado verano, y que afectó no solo a las celdas sino a
dependencias tan singulares como la cocina o la enfermería. Se denunció
públicamente y ante la inspección de trabajo y dos empresas, la primera no pudo
resolver bien el problema, la segunda sí, se encargaron de “limpiar” la zona.
“Santiago
Pérez (el que fuese Subdelegado del Gobierno en Granada) quiso organizar una
visita nocturna con los medios de comunicación a la prisión para que viesen,
con sus propios ojos, el estado de la prisión, algo a lo que se negó la
Dirección del Centro, y por algo sería…”, recuerda Francisco.
La situación,
en cuanto a roedores y cucarachas, parece que ha mejorado pero sí que siguen
existiendo problemas con los sistemas informáticos que regulan, por ejemplo, el
sistema de la apertura de compuertas o suenan alarmas sin motivo alguno,
factores fundamentales para garantizar la seguridad, “por no hablar del
mobiliario, antiguo y dañado”, añade Francisco.
RESPONSABILIDADES
Tras varios
años lanzando estas quejas, y sin que la Dirección del Centro “haya hecho
algo”, la plataforma sindical, que representa al 90% de los trabajadores, no
quiere ésta no siga al frente si se quiere garantizar la seguridad y un
mínimo de higiene y salud.
Y en ello han
estado inmersos los sindicatos que integran la plataforma, intentando negociar
tanto con la Dirección del Centro y que, incluso, han cursado peticiones al
máximo representante de las instituciones penitenciarias en España, Ángel Yuste
(Ministro de Interior), sin obtener respuesta alguna.
Buscando apoyo
y comprensión y, sobre todo, un giro en el timón de la dirección, antes de las
elecciones, los sindicatos se reunieron con todos los candidatos de los
partidos políticos al Congreso de los Diputados para la provincia de Granada.
“Todos se comprometieron a exigir este cambio para mejorar las condiciones
dentro de la cárcel”, nos comenta Francisco Amaya. “Tenemos la esperanza que
cuando el Gobierno termine de asentarse, este contacto con los grupo políticos
se haga efectivo y mejore la situación, que debe pasar por cambiar la dirección
de la prisión porque esta es ineficaz”, critica.
