El juez Del Arco investiga vertidos de la depuradora de la cárcel a un arroyo
La denunciante pide la imputación de
cinco ex delegados de Medio Ambiente La causa trata de esclarecer si las aguas
residuales han contaminado la zona El instructor se niega a archivar
El juez
Miguel Ángel del Arco, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la
capital, está investigando si desde el Centro Penitenciario de Albolote se han
llevado a cabo durante años vertidos ilegales de aguas residuales a un arroyo
próximo, y si esas emisiones, que según distintos informes serían
contaminantes, han afectado a la flora y la fauna de la zona.
Aunque no había salido a la luz pública hasta ahora, esta causa penal lleva abierta varios años. Las diligencias previas se incoaron a raíz de una denuncia formulada en 2010. La puso un particular, la dueña de un cortijo aledaño a la prisión provincial, que fue levantada en los años 90 en una zona donde existía la conocida como Laguna Vieja.
La denunciante, que ejerce la acusación popular en el caso, aseguraba que a raíz de la construcción del centro penitenciario, desde 1995 a 1997 se causaron "graves y reiterados daños" en su finca, una explotación de más de 530.000 metros cuadrados con plantaciones agrícolas -fundamentalmente olivos, cerezos y nogales-, "con concesiones para riego por distintos manantiales y para toma del arroyo Juncal".
Asimismo, afirmaba que se producían "múltiples inundaciones en la zona, como consecuencia del emplazamiento" de la prisión. Además, aseguraba que "se desviaron las aguas y se construyeron cauces artificiales sin la debida canalización y desagüe", ocasionando los supuestos vertidos de aguas residuales daños en los árboles y superficies de cultivo, además de haber "desecado y contaminado acuíferos, causando además olores insoportables en la zona".
Así consta en el último auto que ha dictado el juez instructor en este caso, en el que se niega a archivarlo, pues trata de esclarecer si se ha cometido una posible prevaricación ambiental omisiva por parte de los funcionarios responsables en materia medioambiental que no pusieron remedio a la situación y otro posible delito contra el medio ambiente. Aunque también fue denunciado un delito de daños por el emplazamiento del presidio y el desvío del curso de las aguas, el magistrado recuerda que "no han sido objeto de la instrucción actual".
En la mencionada resolución judicial, de 62 páginas, fechada el día 13 y a la que ha tenido acceso este diario, el magistrado rechaza en concreto la petición de archivo formulada por el Abogado del Estado, que alega la inexistencia de vertidos en la zona.
El Abogado del Estado se escuda en un informe emitido por la Agencia Andaluza del Agua el 16 de marzo de 2011, en el que se concluye que "no hay ninguna evidencia objetiva que permita determinar una afección al medio ambiente que haya supuesto un grave perjuicio para el ecosistema fluvial". Además, en sus alegaciones, tilda de "incierto" que hayan existido vertidos continuados desde 1997 y recuerda que no ha sido hasta varios años después de la apertura del caso cuando el denunciante ha formulado quejas y reclamaciones por el funcionamiento supuestamente deficiente de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de la prisión. Junto a ello, resalta que el propio Ministerio Fiscal solicitó en enero de 2013 que se diese carpetazo al asunto.
Sin embargo, por lo visto, existe un aliviadero o by-pass que la acusación popular cree que habría sido empleado de forma continua para verter incontroladamente al arroyo Juncal fangos sin depurar procedentes de la EDAR de la prisión. Este extremo es desmentido también categóricamente por el Estado, que rechaza que se haya dañado el medio ambiente.
Por contra, el juez considera que "el vertido es evidente" y que se ha demostrado cada vez que se han tomado muestras y se han analizado. Sostiene además que "incumple la normativa", como la Ley de Aguas e incluso la propia autorización de vertido.
De hecho, obran en las actuaciones distintos informes, elaborados por el Seprona de la Guardia Civil y por el Laboratorio de Biología del Instituto de Medicina Legal de Valencia, de los que sí se desprende que los vertidos han sido "contaminantes". En concreto, el Seprona apreció "numerosos daños derivados de la erosión del agua en el cauce del arroyo", así como pérdida de suelo de cultivo e incluso de árboles. También observó en el arroyo características propias del agua residual, "de color gris verdoso y maloliente", así como "la existencia de un ejemplar de galápago leproso y del exoesqueleto o caparazón de un ejemplar de la misma especie". En cuanto al informe toxicológico elaborado en Valencia, detectó en el arroyo una "elevada concentración de materia orgánica en suspensión" y concluyó que "los vertidos efectuados suponen un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y las salud pública de las personas". Asimismo, para calibrar el alcance de las supuestas emisiones, calculó que una población de 2.000 habitantes -la población actual en la prisión es de unos 1.500 reclusos- genera, como mínimo, del orden de 160 kilogramos diarios de lodos (unos 600 litros).
En sus razonamientos, el juez recuerda que hasta 2006 no obtuvo la prisión una autorización de vertido. Es decir, que hasta el 19 de octubre de ese año, la depuradora "funcionaba de forma ilícita sabiendo que se carecía de la correspondiente licencia". Muestra además su sorpresa por la "total pasividad de la Administración" es este caso hasta hace poco y también por su "silencio" ante la serie de documentos que le han sido enviados por su juzgado desde el inicio de la instrucción "para que tuviese conocimiento de los daños, actuase y no se llegase a la situación actual y perjuicio económico para los propietarios del cortijo (...) y para el contribuyente". Y es que, como revela, existe una sentencia, que no es firme, dictada por un juzgado de lo Contencioso de Granada que condena a pagar más de 865.000 euros por estos hechos.
Al magistrado no le queda claro si se han llegado a cumplir los requisitos legales referidos al trámite de Evaluación Ambiental sea estatal o autonómico, "pero la realidad de los hechos ponen de manifiesto que puede que no haya actuado con al eficacia necesaria", agrega, y añade "de aquellos polvos estos lodos".
Fuentes judiciales precisaron que hasta ahora en la causa figuran como imputados "el administrador del Centro Penitenciario de Albolote y técnicos de la última empresa que llevó el mantenimiento de la depuradora". Existen, no obstante, peticiones de nuevas imputaciones aún sin resolver, entre ellas las de los cinco ex delegados provinciales de Medio Ambiente de la Junta en Granada entre los años 1994 y 2012: Manuel Chirosa Ríos, Rafael Salcedo Balbuena, Gerardo Sánchez Escudero, Marina Martín Jiménez y Francisco Javier Aragón.
Asimismo, existe una solicitud de la acusación popular para que se impute a los ex directores del centro penitenciario Eduardo Caracuel y Nahum Álvarez, y al actual director, Jaime Hernández. Este diario trató de contactar ayer sin éxito con este último para conocer la situación actual del funcionamiento de la depuradora y si las obras acometidas han solucionado el problema.
Aunque no había salido a la luz pública hasta ahora, esta causa penal lleva abierta varios años. Las diligencias previas se incoaron a raíz de una denuncia formulada en 2010. La puso un particular, la dueña de un cortijo aledaño a la prisión provincial, que fue levantada en los años 90 en una zona donde existía la conocida como Laguna Vieja.
La denunciante, que ejerce la acusación popular en el caso, aseguraba que a raíz de la construcción del centro penitenciario, desde 1995 a 1997 se causaron "graves y reiterados daños" en su finca, una explotación de más de 530.000 metros cuadrados con plantaciones agrícolas -fundamentalmente olivos, cerezos y nogales-, "con concesiones para riego por distintos manantiales y para toma del arroyo Juncal".
Asimismo, afirmaba que se producían "múltiples inundaciones en la zona, como consecuencia del emplazamiento" de la prisión. Además, aseguraba que "se desviaron las aguas y se construyeron cauces artificiales sin la debida canalización y desagüe", ocasionando los supuestos vertidos de aguas residuales daños en los árboles y superficies de cultivo, además de haber "desecado y contaminado acuíferos, causando además olores insoportables en la zona".
Así consta en el último auto que ha dictado el juez instructor en este caso, en el que se niega a archivarlo, pues trata de esclarecer si se ha cometido una posible prevaricación ambiental omisiva por parte de los funcionarios responsables en materia medioambiental que no pusieron remedio a la situación y otro posible delito contra el medio ambiente. Aunque también fue denunciado un delito de daños por el emplazamiento del presidio y el desvío del curso de las aguas, el magistrado recuerda que "no han sido objeto de la instrucción actual".
En la mencionada resolución judicial, de 62 páginas, fechada el día 13 y a la que ha tenido acceso este diario, el magistrado rechaza en concreto la petición de archivo formulada por el Abogado del Estado, que alega la inexistencia de vertidos en la zona.
El Abogado del Estado se escuda en un informe emitido por la Agencia Andaluza del Agua el 16 de marzo de 2011, en el que se concluye que "no hay ninguna evidencia objetiva que permita determinar una afección al medio ambiente que haya supuesto un grave perjuicio para el ecosistema fluvial". Además, en sus alegaciones, tilda de "incierto" que hayan existido vertidos continuados desde 1997 y recuerda que no ha sido hasta varios años después de la apertura del caso cuando el denunciante ha formulado quejas y reclamaciones por el funcionamiento supuestamente deficiente de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de la prisión. Junto a ello, resalta que el propio Ministerio Fiscal solicitó en enero de 2013 que se diese carpetazo al asunto.
Sin embargo, por lo visto, existe un aliviadero o by-pass que la acusación popular cree que habría sido empleado de forma continua para verter incontroladamente al arroyo Juncal fangos sin depurar procedentes de la EDAR de la prisión. Este extremo es desmentido también categóricamente por el Estado, que rechaza que se haya dañado el medio ambiente.
Por contra, el juez considera que "el vertido es evidente" y que se ha demostrado cada vez que se han tomado muestras y se han analizado. Sostiene además que "incumple la normativa", como la Ley de Aguas e incluso la propia autorización de vertido.
De hecho, obran en las actuaciones distintos informes, elaborados por el Seprona de la Guardia Civil y por el Laboratorio de Biología del Instituto de Medicina Legal de Valencia, de los que sí se desprende que los vertidos han sido "contaminantes". En concreto, el Seprona apreció "numerosos daños derivados de la erosión del agua en el cauce del arroyo", así como pérdida de suelo de cultivo e incluso de árboles. También observó en el arroyo características propias del agua residual, "de color gris verdoso y maloliente", así como "la existencia de un ejemplar de galápago leproso y del exoesqueleto o caparazón de un ejemplar de la misma especie". En cuanto al informe toxicológico elaborado en Valencia, detectó en el arroyo una "elevada concentración de materia orgánica en suspensión" y concluyó que "los vertidos efectuados suponen un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y las salud pública de las personas". Asimismo, para calibrar el alcance de las supuestas emisiones, calculó que una población de 2.000 habitantes -la población actual en la prisión es de unos 1.500 reclusos- genera, como mínimo, del orden de 160 kilogramos diarios de lodos (unos 600 litros).
En sus razonamientos, el juez recuerda que hasta 2006 no obtuvo la prisión una autorización de vertido. Es decir, que hasta el 19 de octubre de ese año, la depuradora "funcionaba de forma ilícita sabiendo que se carecía de la correspondiente licencia". Muestra además su sorpresa por la "total pasividad de la Administración" es este caso hasta hace poco y también por su "silencio" ante la serie de documentos que le han sido enviados por su juzgado desde el inicio de la instrucción "para que tuviese conocimiento de los daños, actuase y no se llegase a la situación actual y perjuicio económico para los propietarios del cortijo (...) y para el contribuyente". Y es que, como revela, existe una sentencia, que no es firme, dictada por un juzgado de lo Contencioso de Granada que condena a pagar más de 865.000 euros por estos hechos.
Al magistrado no le queda claro si se han llegado a cumplir los requisitos legales referidos al trámite de Evaluación Ambiental sea estatal o autonómico, "pero la realidad de los hechos ponen de manifiesto que puede que no haya actuado con al eficacia necesaria", agrega, y añade "de aquellos polvos estos lodos".
Fuentes judiciales precisaron que hasta ahora en la causa figuran como imputados "el administrador del Centro Penitenciario de Albolote y técnicos de la última empresa que llevó el mantenimiento de la depuradora". Existen, no obstante, peticiones de nuevas imputaciones aún sin resolver, entre ellas las de los cinco ex delegados provinciales de Medio Ambiente de la Junta en Granada entre los años 1994 y 2012: Manuel Chirosa Ríos, Rafael Salcedo Balbuena, Gerardo Sánchez Escudero, Marina Martín Jiménez y Francisco Javier Aragón.
Asimismo, existe una solicitud de la acusación popular para que se impute a los ex directores del centro penitenciario Eduardo Caracuel y Nahum Álvarez, y al actual director, Jaime Hernández. Este diario trató de contactar ayer sin éxito con este último para conocer la situación actual del funcionamiento de la depuradora y si las obras acometidas han solucionado el problema.
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