IDEAL.es 2015
El juez implica a tres altos cargos
de la Junta en los vertidos de la cárcel
Del Arco tomará declaración como
imputadas a Sandra García, delegada de la Junta, junto a la actual responsable
territorial de Medio Ambiente, Inmaculada Oria
La delegada de la Junta en Granada, Sandra
García, declarará el próximo 27 de mayo como imputada por tres delitos en el
curso de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 6
de la capital por los supuestos vertidos irregulares de la cárcel de Albolote.
El
juez instructor, Miguel Ángel del Arco, ha citado a Sandra García por su etapa
al frente de la delegación provincial de Medio Ambiente, durante la que
entiende que habría podido ser responsable de un delito de prevaricación
omisiva, otro contra la ordenación del territorio y un tercero contra el medio
ambiente. Los mismos delitos se los atribuye, de manera indiciaria, a la actual
delegada de esta área, Inmaculada Oria, que declarará un día después.
Del
Arco alude también en su providencia, a la que ha tenido acceso IDEAL, a
Francisco Javier Aragón, delegado de Medio Ambiente entre 2008 y 2012. Dada su
condición de aforado –es parlamentario andaluz– el juez acuerda emitir una
exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA «a los efectos
oportunos».
La
investigación partió de la denuncia de un particular, formulada en 2010, que
señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se habían causado
«graves y reiterados daños» en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo
Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.
La
investigación ha avanzado en los últimos cinco años y por el momento están imputados, entre otros, el
administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones
Penitenciarias, y varios técnicos encargados del mantenimiento de la
depuradora. Recientemente, el juez ha imputado al presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que declarará hoy, a un
expresidente y al comisario de aguas, entre otros altos cargos de la CHG.
En
la providencia, el juez recuerda que al menos desde enero de 2009, cuando la
Junta asumió las competencias en materia de aguas y creó la Agencia Andaluza
del Agua, los responsables de Medio Ambiente «tenían conocimiento de la
situación creada por los vertidos de la prisión provincial de Albolote y tenía,
por tanto, un deber cualificado de actuar en la adopción de medidas de control,
inspección e incluso sancionatorias».
Del
Arco añade que los delegados tenían el previo conocimiento de las múltiples
infracciones y denuncias presentadas entre los años 2009 y 2011 contra los
responsables del centro penitenciario de Albolote y de la propia delegación de
Medio Ambiente. «Tenían y siguen teniendo –sostiene el instructor– el deber de
controlar la situación medioambiental en el suelo, el subsuelo y las aguas de
la zona de Albolote y Colomera, y de instar ante la CHG la iniciación de
expedientes sancionadores o de iniciarlos ellos mismos».
Normas incumplidas
El juez hace una completa
enumeración de las normas que los delegados imputados han incumplido, como la
que obliga a la elaboración de un informe de calificación ambiental para las
depuradoras de poblaciones inferiores a 10.000 habitantes, como es el caso.
«Con
la anuencia de los delegados de Medio Ambiente, se ha prescindido totalmente de
la necesaria fase de información pública de la reforma y construcción de la
nueva depuradora, a la que tienen derecho todos los ciudadanos», asevera.
Del
Arco afirma en su providencia que la delegación de Medio Ambiente en Granada
«era perfecta conocedora de la ausencia total de dicha tramitación. Máxime tras
las denuncias presentadas entre 2009 y 2011, sin haber adoptado ningún tipo de
medida».
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