TRIBUNALES Excarcelaciones
Más de 50 etarras piden reducir sus penas como Santi Potros y Plazaola
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Presentan escritos para que se les aplique el
mismo criterio que a 'Santi Potros' y Plazaola
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Plantean a la Audiencia Nacional descontar
los años de prisión que cumplieron en Francia
Más de 50
de etarras han
reclamado a la Audiencia
Nacional que se
les apliquen los mismos descuentos en las condenas que a sus compañeros Santi
Potros y Plazaola,
que ayer quedaron
en libertadaños antes de lo que hasta hace poco se esperaban. Ambos
han conseguido que la Audiencia Nacional les compute el tiempo de prisión que
cumplieron en Francia como si lo hubieran hecho en España.
Las órdenes de libertad recibidas en la prisiones de Villena
(Alicante)-donde estaba encarcelado Santiago Arrospide, Santi
Potros- y deTeixeiro (La Coruña) -en la que cumplía Alberto Plazaola-
fueron remitidas por la Sección
Primera de la Audiencia Nacional. Se trata del tribunal que el
pasado martes interpretó que una reciente sentencia del Tribunal
Supremo y una Decisión
Marco de la UE
obligaban a descontar del plazo de 30 años de prisión lo que se hubiera cumplido
en Francia.
Ese criterio se aplicó directamente a Santi Potros, Plazaola y
otros dos etarras que siguen presos porque pese a la rebaja aún no han
cumplido: Pakito y Caride
Simón.
Pero la repercusión
podría ser mucho mayor, ya que más de 50 terroristas han planteado ya la misma
petición a la Audiencia. Las últimas solicitudes han llegado esta misma semana
a los magistrados. Se trata de etarras que fueron arrestados en Francia y
cumplieron allí alguna condena, habitualmente asociación de malhechores (equivalente
a pertenencia a organización terrorista) y tenencia de armas o explosivos.
Entre los terroristas que se han dirigido a la Audiencia se
encuentranGallastegui Sodupe, Juan
Ramón Carasatorre, Asier
Ormazabal,Juan Luis Rubenach, Manex
Zubiaga, Jose
Pikabea o Julián
Achurra. Además de Santi Potros y Plazaola, ya salió de prisión
por este motivo Carmen
Guisasola y en breve
lo hará otro beneficiado, el arrepentido García
Corporales.
Los
magistrados, divididos
Las cuatro secciones de los Penal tienen asuntos de este tipo
sobre la mesa y los magistrados se encuentran divididos. El mismo día que la
Primera aceptó la petición de cuatro etarras, la Segunda se la denegó a otro.
Como quedó reflejado en el Pleno del pasado viernes,la
mitad apoya tener en cuenta las penas en otro país y la otra mitad no.
Así que dependiendo de en qué sección -incluso en qué magistrados de cada
sección- recaiga cada asunto, los etarras lograrán o no su objetivo. A la
sección que ordenó excarcelar a Santi Potros le han correspondido al menos 18
casos.
Las discrepancias seguirán hasta que el Supremo unifique criterios. Mientras tanto seguirá
resolviendo la Audiencia, que a partir de ahora deberá tener en cuenta un nuevo
elemento: que el miércoles entró en vigor una ley que traslada la decisión
marco de la UE a nuestra normativa y que en la práctica impide que los etarras
se descuenten las penas.
Pero la norma no acaba
con las discrepancias, porque los jueces de la Audiencia también se muestran
divididos sobre si esa norma debe aplicarse a quienes ya habían presentado su
reclamación antes de la entrada en vigor.
El fiscal general del Estado se pronunció ayer sobre lo que
describió como «una cuestión con mucha significación para las víctimas de ETA».
«Estamos preocupados por la discrepancia de criterios, que nunca es bueno en un
órgano judicial», declaró Eduardo
Torres-Dulce, que recordó que el Ministerio Público recurrirá
las excarcelaciones ante el Supremo. El fiscal general aseguró además que
enviará un escrito a todas las fiscalías para que actúen de conformidad con el
criterio establecido por la Fiscalía de la Audiencia en este caso.
El ministro de Justicia, Rafael
Catalá, se encontraba precisamente ayer en Bruselas en una
reunión de ministros europeos de Justicia. Desde allí explicó que España acaba
de modificar su normativa para reconocer las sentencias de los tribunales de
otros estados miembros de la UE, pero recalcó que en ningún caso esto puede
menoscabar el cumplimiento de condenas dictadas por tribunales españoles.
«Tenemos un sistema legal que garantiza el cumplimiento de las penas en España,
que garantiza también la armonización europea», aseguró.
A las declaraciones de Catalá se sumaron las de su homólogo de
Interior. Jorge Fernández Díaz aseguró que «el espíritu y la letra» de la
normativa europea que entró ayer en vigor en España «no
tiene por finalidad aligerar la salida de terroristas a la calle».
Fernández Díaz aseguró que la norma «es el reconocimiento mutuo entre los
estados de la UE para que se tengan en cuenta los cumplimientos de condena en
otros países cuando haya conexión temporal o material entre los delitos y los
motivos de las condenas». Además, destacó la complejidad jurídica del caso, «ya
que ni la propia Audiencia Nacional tiene un criterio unánime».
CRÍTICAS
DE LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO
"Una vergüenza para víctimas y para toda España"
La presidenta de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, aseguró que la rebaja de penas a
cuatro miembros históricos de ETA es "una vergüenza para víctimas,
ciudadanos y para toda España". "La decisión me parece la mayor
indignidad en un país en el que ha habido más de 50 años de asesinatos sin que
ninguna víctima se haya tomado la justicia por su mano para ahora tener que
soportar esto", subrayó Pedraza.
"Dudosa legalidad"
La asociación Covite criticó la
"dudosa legitimidad y legalidad" de la decisión, ya que se adoptó
"48 horas antes de la entrada en vigor de la ley Orgánica 7/2014, con el
único propósito de evitar su cumplimiento y burlar la voluntad del legislador,
que no era otra que la de evitar esa acumulación de condenas e impedir la
excarcelación de los terroristas".
"Una cuestión política"
Roberto Manrique, víctima del atentado de Hipercor y ex
presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas
(Acvot) fue muy crítico: "Me molesta que sea una cuestión política, cuando
descubres que hay un ministro de aquí o de allí que hacen un pacto y que a raíz
de ahí lo plantean a nivel jurídico, ¿por qué no piensan que tiene
consecuencias jurídicas antes de hacerlo?".
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