13/11/2015
LABORAL
Concentración en la calle de Alcalá
Los funcionarios de
prisiones protestan por la falta de personal
ü Denuncian
que se han perdido 1.400 plazas en los últimos cuatro años
ü
Lamentan el aumento de agresiones a los funcionarios
ACTUALIZADO 13/11/201516:34
Cerca de 300
trabajadores han acudido hoy viernes a una concentación convocada en la calle
de Alcalá por la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) en
las puertas de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
El motivo de
esta protesta de los funcionarios de todos los centros penitenciarios es la
situación que están sufriendo en estos últimos 4 años de Gobierno del PP en los
que se han perdido más de 1800 efectivos y donde sólo se han
convocado 405 plazas.
Esta situación
de falta de funcionarios provoca que haya prisiones que no se pueden abrir por
falta de efectivos, como Archidona (Málaga) Ceuta, Soria, y otros centros que
no están plenamente operativos la totalidad de los módulos, como Murcia 2, Las
Palmas 2 y Pamplona, lo que supone que se necesiten en estos momentos más de
2.000 funcionarios para cubrir dichas plazas.
"La falta
de personal en los centros penitenciarios es un verdadero problema al día de la
fecha, pero se agudizará con el paso del tiempo, si tenemos en cuenta que en
los próximos 9 años se jubilarán más de 6.000 trabajadores en los
centros penitenciarios dependientes de la SGIIPP. Ante esta cruda
realidad, nuestros políticos y responsables no han previsto ni tomado ni una
sola medida en materia de personal dejando este problema para los futuros
responsables que vengan", denuncia APFP.
Agresiones a funcionarios
También
recuerdan que han aumentado las "agresiones a funcionarios y al resto de
trabajadores en los centros penitenciarios, unido a la violencia que ejercen
estos internos provocando que muchos funcionarios/as hayan sufrido
lesiones muy graves debido a la peligrosidad y reincidencia en incidentes
regimentales, donde un solo funcionario debe controlar un patio con 120-130
internos y donde la actual administración no ha introducido mediante la
correspondiente reforma legislativa a los funcionarios de Instituciones
Penitenciarias para que estas agresiones se consideren producidas a autoridad
pública".
Además alertan
del aumento de las denuncias de los internos hacia los funcionarios provocando
un aumento de los expedientes disciplinarios, con las sanciones correspondientes,
siendo en la mayoría de las ocasiones los Juzgados quienes absuelven a los
funcionarios al no existir causa para las mismas.
Subrayan que
el argumento de la crisis económica en prisiones "es una excusa, cuando el
Gobierno sí tiene dinero para privatizar servicios, destinando más de 33
millones de euros para contratar vigilantes de seguridad, o en el programa de
pulseras para internos de tercer grado con una inversión de 34 millones de
euros, o los gastos realizados durante la festividad de la Merced, mientras por
el contrario vemos como se han suprimido las rutas de transporte de los
funcionarios en diversos centros alegando racionalización del gasto público,
y se deterioran las dependencias y el mobiliario donde ejercen sus funciones
los funcionarios".
Asimismo,
lamentan la falta de "concursos de traslados anuales" que
siempre se han convocado salvo con los actuales responsables de la SGIIPP,
incumpliendo la administración el deber de facilitar la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y dejando a su vez a muchos funcionarios/as sin la
posibilidad de una carrera profesional.
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