Las ccaa cargan con el peso del
gigante
Recortada,
envejecida y descentralizada: radiografía de la administración pública
Mujer, maestra y mayor de 40 años. Ese es el perfil tipo del empleado público en España de acuerdo con los últimos datos facilitados por el Registro Central de Personal. El Confidencial ha analizado la estructura de la mayor plantilla del país por detrás de la 'multinacional del desempleo'–, que, tras dos años de pitadas, viernes de luto y mareas negras, se encuentra hoy envejecida y afectada por el lifting al que la han sometido los dos últimos gobiernos.
Los recortes se hacen notar. El tijeretazo del
Gobierno de Rodríguez Zapatero, mantenido –y aumentado– a lo
largo de la legislatura
de Mariano Rajoy, ha conseguido que este año el empleo público se iguale al que hubo en los últimos años de la burbuja
inmobiliaria. En el tercer año de la crisis se alcanzó el
pico máximo de plantilla. Y a partir de ese momento, el número de
trabajadores en la 'cosa pública' no ha dejado de bajar, hasta el punto
de haber desaparecido
192.977 puestos de trabajo –universidades
no incluidas– en la Administración.
Sin embargo, no todos los sectores han adelgazado por
igual. Según el Boletín Estadístico difundido desde el Ministerio de
Hacienda, la peor parte se la han llevado los
ayuntamientos y las comunidades autónomas(sobre ellas recae el
grueso de trabajadores públicos), que han hecho desaparecer alrededor de
140.000 puestos desde 2010. Los únicos que de momento se han 'librado' del
recorte son Policía y Guardia Civil, los cuales se benefician de un ligero
aumento (de 137.000 en 2010 a 145.000 en 2014.)
Cerca de un 40% del empleo público en España está actualmente ocupado
por personas que superan la barrera de los 50 años.
Y por comunidades autónomas, la cantidad de empleados públicos con respecto a
la población ocupada es bien distinta. Mientras que en Extremadura y Castilla y
León la concentración es alta (uno de cada cuatro trabajadores lo hace
para la Administración), en Baleares y Cataluña el porcentaje se encuentra por
debajo del 13% (uno de cada ocho).
El pasado 21 de julio el diario El País publicó
un documento interno elaborado por Hacienda en el que se recogían 255 medidas
"de racionalización y mejora del gasto público". El escrito compilaba
todas las iniciativas que las comunidades autónomas habían
sugerido, por voluntad propia, llevar a cabo para reducir sus cifras de
déficit, como la "eliminación de plazas vacantes y no creación de
nuevas plazas", la "contención de ofertas de empleo público y no
reposición de efectivos" o la "limitación a la incorporación de
personal interino", entre otras.
Tal y como se observa en el interactivo superior, si
tomamos una muestra aleatoria de 100
trabajadores públicos, la mayoría de ellos, 40, serían
maestros y sanitarios. A este grueso le seguirían 20
personas empleadas en un ayuntamiento, 8 en una consejería autonómica y 5
en un ministerio. El resto se repartiría, de mayor a menor, en trabajadores de
universidad (6), militares (5), guardias civiles (3), policía nacional (3),
trabajadores de empresas públicas (2), diputaciones (2) juzgados (2), prisiones
(1), Seguridad Social (1), Agencia Tributaria (1) y policías autonómicas (1).
El portavoz sindical considera que la percepción ciudadana
tiende a confundir los funcionarios de carrera con los puestos de libre
designación, y opina que lo que de verdad sobran en España son empresas
públicas y asesores. “Por ejemplo, la empresa extremeña PAEXPO-92
S.A. sigue abierta veinte años después del evento de Sevilla,
mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal está saturado
porque funciona, ahora que tenemos seis millones de parados, con
menos plantilla que cuando en España había dos millones de desempleados. No
tiene sentido”.
¿Sobran o hacen falta?
Si bien es cierto que a lo largo de la crisis el empleo privado se ha destruido a mayor velocidad que el público,
contextualizando los datos a nivel europeo obtenemos una tasa de funcionarios por habitante menor que la de la Europa de los
15. Resulta difícil encontrar una estadística fiable que
compare el porcentaje de masa funcionarial de cada país. Existe, por ejemplo,
un estudio elaborado por la empresa británica DTZ
en el que se compara el número de funcionarios de cada región europea con el
número de empleos "de oficina" de esa misma región. Así, según
ese estudio, regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha se sitúan en la
misma franja que Grecia y Polonia, donde más de la mitad de los puestos
"de oficina" son desempeñados por funcionarios.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por
su parte, dispone de una base de datos con información relativa al empleo
público de todos los países del mundo. Según la OIT, en España hay un empleado
público por cada 15 habitantes mientras que en países
escandinavos como Suecia, Dinamarca o Finlandia la relación
desciende a 6, 7 y 8 por habitante. La mayoría de países europeos obtienen
mejores resultados que España, que se sitúa en el entorno de países
como Portugal y Chipre.
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